Eguiagaray justificó la propuesta de su partido en lo que considera una "operación de gran calado político" del PP, en la que se utilizan las privatizaciones como excusa pra traspasar a manos privadas un enorme potencial de riqueza pública y del poder sobre la sociedad que conllevan dichas empresas.

Según el dirigente socialista, estas empresas están siendo privatizadas con personas que han sido elegidas del entorno de amistades del presidente del Gobierno y que permanecen tras el paso a manos privadas. Como ejemplo, citó el caso del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y añadió que este país ya tiene bastante con un Villalonga.

Advirtió también que la realiad está demostrando cómo tras las privatizaciones del PP, las decisiones tomadas por los presidentes de empresas transferidas a manos privadas "tienen más que ver con la defensa de los intereses del Gobierno que los nombró, o de su grupo político, que con intereses generales o de la propia empresas y sus accionistas".

Para paliar esta situación y acabar con la "opacidad" que, según el PSOE, está aplicando el Gobierno a la venta de empresas públicas, los socialistas proponen que la Cámara apruebe una poposición no de ley que afectará tanto a los presidentes de empresas que están por privatizar como a los de aquellas que ya han sido vendidas.

Además de obligar a los presidentes nombrados por el Gobierno a cesar en sus cargos cuando pasen a manos de capital privado, la proposición del PSOE pide la derogación de las excepsiones que hasta ahora reconoce la ley de incompatibilidades vigente en la legislación española, de manera que no puedan desempeñar cargos en el área en el que han ejercido el cargo drante dos años.

También establece la obligación inexcusable de comparecer ante las comisiones legislativas y de control correspondientes, para los presidentes y demás miembros del consejo de administración de las sociedades, mientras sus actividades sigan sujetas a control administrativo y sean requeridos por el Parlamento.