Tanto Izquierda Unida como el Partido Popular presentaron votos particulares contra esta sanción administrativa, incluida en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que recoge el nforme, que fueron rechazadas por la mayoría socialista.

El portavoz de IU, Narcís Núñez, exigió la suspensión de esta medida por considerar que sólo conduce a una mayor "clandestinización" del problema de la droga.

El PP, a través del diputado Jorge Fernández Díaz, defendió la necesidad de incluir la tipificación del consumo público de drogas en el próximo Código Penal.

Los populares arguyen que sólo los tribunales, mediante la posibilidad de amenazar a los drogadictos con el arresto sustittorio por impago de la sanción, "pueden motivar a los consumidores a someterse a tratamiento".

El portavoz socialista, Carlos López Riaño, manifestó que las bases de la izquierda española demandan una actuación decidida para erradicar el problema de la droga, y ésta puede afrontarse con garantías a través de las sanciones administrativas.

De la propuesta del PP dijo que su construcción jurídica es "absurda" y que no promueve la reinserción de los toxicómanos.

Sobre la tipificación del consum público de drogas, el informe apunta en sus conclusiones que "con el fin de proteger a la sociedad de conductas que atentan contra la convivencia ciudadana", sería conveniente tipificar como infracción administrativa estas actuaciones.

PROPUESTAS AL GOBIERNO

El informe aprobado hoy por la Cámara Baja, fruto de un año y medio de trabajos de la comisión mixta, recoge una batería de propuestas al Gobierno, entre las que destaca también la remisión de la pena para los toxicómanos que han cometido delits motivados por la drogodependencia y aceptan someterse a tratamiento. Igualmente, propugna que los condenados por delitos graves de narcotráfico cumplan íntegramente las penas.

La comisión considera necesario profundizar en los acuerdos multinacionales de colaboración y coordinación policial, y seguir avanzando en la vigilancia conjunta de costas y fronteras en el ámbito de la CE.

En materia de prevención, el documento pide que se acelere la incorporación a la enseñanza no universitaria de la asgnatura "Educación para la Salud". "La escuela", según sus redactores, "debe impregnar toda su acción pedagógica de estímulos que promuevan un estilo de vida saludable".

El Congreso, a través de este informe, insta al Gobierno para que en el ejercicio presupuestario de 1992 incluya una partida de 300 millones dedicada específicamente a la reinserción de toxicómanos.

Durante su intervención, el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, mostró su satisfacción por el "elevado grado de cnsenso" que han mostrado los grupos parlamentarios durante la elaboración del informe. Aseguró que el Gobierno tomará "todas las medidas necesarias para hacer cumplir las recomendaciones del informe".

El ministro anunció que en breve entrará en vigor una orden ministerial por la que se desarrolla el reglamento de la Comunidad Europea sobre control en la exportación de productos químicos susceptibles de ser utilizados para la elaboración de droga.