Sevilla, quien sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero en las jornadas sobre competitividad organizadas por "The Economist", aseguró que el PSOE no va a subir la presión fiscal, pero sí tratará de conseguir "mayor justicia" a la hora de recaudar los ipuestos.

En su opinión, el crecimiento del fraude fiscal en los últimos años es la "principal injusticia tributaria" del PP, que ha fomentado la "discriminación" entre quienes cobran por nómina y el resto de personas que obtienen sus ingresos por otras vías.

El debate se centra en cuánto se gasta, lamentó Sevilla, "pero no se ve si se gasta bien, si el dinero que pedimos a los ciudadanos sirve o no sirve" para los objetivos que se han marcado.

El dirigente del PSOE abogó por orientar los preupuestos "a objetivos", para lo cual los socialistas crearán, si ganan las elecciones, una Agencia Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas.

Sevilla criticó el modelo seguido por el PP de disfrazar como gasto financiero (que no computa en el déficit) las inversiones en obras públicas como el AVE. El dirigente socialista sostuvo que, mientras en 1994 el gasto financiero suponía el 14,7% del PIB, en las cuentas de 2004 la cifra ha aumentado al 33,8%.

En términos relativos sobre el PIB, si e 1994 el gasto financiero representaba el 4,4% de la riqueza nacional, en los presupuestos para el próximo año asciende al 5,04%.

Sevilla sostuvo que el equilibrio presupuestario se ha logrado gracias a la inflación, "el principal y más injusto de los impuestos". Al no ajustarse la tarifa del IRPF a la subida de los precios "se llenan las arcas del Estado y permite vender como nuevas reformas fiscales lo que no es más que devolver a los ciudadanos lo que se les ha venido cobrando de más, y eso es un faude".

El segundo elemento que ha permitido cuadrar las cuentas públicas ha sido la presión fiscal sobre el trabajo. "Es la primera vez durante casi ochos años seguidos" que no se han bajado las cuotas sociales.

Esto ha sido una "pieza esencial" del equilibrio presupuestario, mediante "esa fórmula contable" de cuadrar el déficit del Estado con el superávit de la Seguridad Social, algo que no pueden hacer, denunció Sevilla, ni comunidades autónomas ni ayuntamientos.