En respuesta a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, el portavoz socialista en la Comisión de Presidencia e Interior, Joaquín Galán, justificó la decisión socialista en el hecho de que el delito de narcotráfico es, por su naturaleza, continuo en el tiempo y de difícil comprobación, distinto por tanto de lo que puede ser un asesinato o un robo.

Por ello justificó que el proyecto de ley incluya en el polémico artículo 21 la posibilidad de que los policías uedan entrar en un domicilio sin necesidad de mandamiento judicial cuando tengan "conocimiento fundado" de que se está traficando con drogas, y negó validez práctica a la propuesta de Convergència i Unió (CiU) de sustituir la expresión "conocimiento fundado" por la de "evidencia".

Galán explicó que la palabra "evidencia" obligaría a los policías a una comprobación sensorial (bien por presencia física o por grabación) del delito que se está cometiendo, mientras que si la redacción final del artículo 21queda como está, con la expresión "conocimiento fundado", bastará que los agentes tengan convicción de la comisión del delito para entrar en el domicilio en cuestión y sorprender a los "camellos" antes de que se desprendan de la droga.

No obstante, afirmó que el Gobierno y el partido que lo sustenta están dispuestos a negociar con los partidos de oposición antes del día 14 de enero, en que se debate en el pleno del Senado el proyecto de ley, una redacción distinta de "conocimiento fundado", pero siempe respetando la no necesidad de comprobación física del delito de narcotráfico.

Sobre estos extremos giró el debate que hoy por la tarde mantuvieron el PSOE y el resto de los grupos políticos en el Senado, después de que durante la sesión matinal la mayoría que ostenta el partido gobernante en la Cámara rechazase todas las enmiendas a los capítulos I y II, y tres vetos de PP, CDS e IU pidiendo la devolución del proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

El representante de Izquierda Unida, RocFuentes, y el del PP, Leocadio Bueso, hicieron hincapié en el hecho de que el Gobierno encubre con este proyecto de ley un recorte de los poderes de los jueces (eliminación mandamiento judicial) y establece en el polémico artículo 21 una situación de excepción que no es delito flagrante.

Según Fuentes, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto a los casos en que está en juego la agresión al artículo 18 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del domicilio "salvo caso de delito flagrnte", establece que el narcotráfico no entra dentro de esa consideración por ser continuado en el tiempo.

Respecto al otro artículo polémico de la ley, el número 20, que hace referencia a la posibilidad de que los policías puedan llevar a comisaría a un indocumentado para identificarle, el senador socialista Arturo Lizón calificó esta acción de "diligencia policial". El PSOE rechazó las 157 enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley