El presidente del PSOE, Ramn Rubial, ha remitido un escrito a Pons, registrado en el Congreso con fecha 2 de noviembre y conocido hoy, en el que solicita su mediación para "salvaguardar los legítimos derechos" del PSOE que la resolución dictada por Barbero "ha conculcado".

Rubial expone en su escrito a Pons las razones por las que, a juicio del PSOE, el Tribunal Supremo no tiene potestad para acceder a los libros de contabilidad del PSOE con el fin de contrastarlos con datos de las empresas Filesa, Malesa y Time Export, presuntmente implicadas en la financiación irregular de esta formación.

Los socialistas alegan que la documentación que se le exige entregar en el plazo de cuatro días, a partir del 28 de octubre, "se corresponde con los legalmente exigidos a una entidad mercantil, y no a un partido político, que no tiene ninguna obligación legal de elaborarlos, en función de los cual el PSOE no dispone de ellos".

El PSOE considera que sólo el Tribunal de Cuentas tiene competencias para ralizar una fiscalización sobre l actividad económica financiera de su partido. La carta recuerda que este organismo ya ha elaborado una investigación de las cuentas del PSOE entre 1987 y 1991, cuyo resultado es exculpatorio para los socialistas.

Otro de los argumentos del PSOE para rechazar la resolución del instructor del "caso Filesa" es que el procedimiento judicial se realiza tras la querella interpuesta por otro partido (Izquierda Unida).

"Al estar personado en dicha causa tendría acceso a todo un conjunto de información d estrategia política o electoral, lo cual resultar absolutamente improcedente, ya que de otra forma se estaría interfiriendo en el delicado equilibrio constitucional entre los distintos partidos políticos", agrega el escrito.

Respecto a la demanda que hace el juez al PSOE para que acredite las responsabilidades desempeñadas entre 1988 y 1991 por los parlamentarios implicados en el "caso Files", Carlos Navarro y Josep Maria Sala, el presidente del PSOE afirma que esta certificación debería haberse soliitado a través de la Presidencia del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de ambos militantes del PSOE.

Por otra parte, añade Ramón Rubial que un partido político no está obligado a la declaración anual de ingresos y pagos, como le reclama Marino Barbero.

Por último, el dirigente socialista le recuerda a Pons que la resolución dictada por el magistrado instrucor ha sido "filtrada" a los medios de comunicación, "lo cual ha vulnerado la situación de secreto sumarial" en la que se encuenta el proceso.

"Por lo expuesto", concluye Rubial su carta, "se viene a solicitar de esa Excelentísima Presidencia la adopción del acuerdo que en derecho proceda a fin de salvaguardar los legítimos derechos que constitucionalmente asisten a esa Cámara y a este partido político, contra el que no se sigue procedimiento judicial alguno, y que la citada resolución dictada por el magistrado instructor de la causa especial 880/91 ha conculcado".

MONTESQUIEU Y LUIS XVI

Los partidos de la oposición reacionaron con virulencia al conocer hoy la misiva de Ramón Rubial. Luisa Fernanda Rudi, del Partido Popular, calificó de "disparate" la iniciativa tomada por el PSOE y dijo que si el presidente del Congreso respondiera favorablemente al PSOE "haría un gran daño a la credibilidad del Parlamento y al funcionamiento de la democracia".

A juicio de la diputada del PP, si el PSOE considera que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha incurrido en errores de procedimiento, es a ésta instancia a la que debe recurir, y no al Congreso, porque por este cauce "amenaza con crear un conflicto de competencias entre el Congreso y el Supremo".

Luisa Fernanda Rudi lamentó la tibia actuación del Tribunal de Cuentas en su fiscalización del "caso Filesa" e informó que el PP dará a conocer en breve los resultados de la investigación que al respecto está realizando.

Antonio Romero, de Izquierda Unida, manifestó que "parecía impensable que el PSOE pudiese llegar tan lejos", "apuntillando a Montesquieu y resucitando a Lis XVI".

Para IU, el PSOE quiere acabar con la división de poderes propia de la democracia al querer intentar "que el Parlamento pase por encima del poder judicial".

"Los jueces tienen derecho a exigir la contabilidad a los partidos. Esta debe estar a disposición de los tribunales y no es de recibo tratar de echar al Parlamento encima de los jueces".