"La materia exige una decisión con cierta urgencia y todos deberíamos hacer el esfuerzo necesario para alcanzar una decisión compartida. Los socialistas queremos manifestar expresamente nuestra predisposición para esa tarea", señala el texto al que ha tenido acceso Servimedia.

Para el PSOE, a medida que avanza el proceso de democratización del Estado, aumenta la importancia del poder judicial, aunque advierte que la política no se puede reducir al derecho y que el sometimiento del poder político a los controles jurídicos propios del Estado de derecho tiene una gran importancia para aumentar la calidad de la democracia.

Destaca que, sin embargo, "en los últimos meses se ha extendido una repentina opinión crítica en relación con el funcionamiento de la administración de justcia que muestra un deterioro como no se había conocido en los años anteriores".

Así, afirma que es necesario reflexionar, entre otras cuestiones, sobre los indicios de alguna tentación a favorecer el "gobierno de los jueces", la implantación de un sistema eficaz de responsabilidad real de los jueces y magistrados o la delimitación de la independencia, imparcialidad y responsabilidad del ministerio fiscal.

DISFUNCIONES

También estima necesario reflexionar "críticamente" sobre determinadas "disfuciones en la administración de justicia que especialmente en los últimos años, han agravado su incidencia en la tutela de los derechos de los ciudadanos y en la valoración de la Justicia por parte de los mismos".

Entre esas disfunciones, señala "la forma en que viejos instrumentos jurídicos establecidos en garantía de los ciudadanos se han convertido hoy, por la acción combinada de tribunales y medios de comunicación, en sanciones y penas de ciudadanos posteriormente declarados inocentes".

Cita cmo ejemplo la "condena" inherente al auto de procesamiento, la "pena" de banquillo, la ignominia ligada a la condición de testigo en determinados procesos, la instrumentalización de la prisión preventiva o la filtración interesada de secretos sumariales en unos casos y el mantenimiento injustificado del propio secreto sumarial en otros.

Ello, añade, "demuestra la fragilidad con que hoy se concibe la presunción de inocencia y nos indica que no todo está correctamente resuelto en el ámbito de la adminisración de justicia como tampoco lo está, a su juicio, la regulación de la acción popular", de la que dice que se ha convertido en un instrumento de "lucha política", de "obstaculización de determinados procesos" o de "desestabilización por parte de sujetos sin escrúpulos".

Por ello, continúa, las reformas más importantes que quedan por hacer son funcionales, así como la redefinición de la posición del juez instructor y del ministerio fiscal, para que el juez se centre en la aplicación de la ley y el drecho y no en la persecución del delincuente.

Asímismo, el PSOE también manifiesta en el texto "nuestra convicción de que política y justicia tienen sus propios espacios, ya que la confusión entre ellos da lugar a desequilibrios de difícil reparación".

"El recurso fácil a la judicialización de la política como arma sistemática del debate político conduce inevitablemente a la politización de la justicia y que ello deteriora como ninguna otra cosa la confianza ciudadana en un juez imparcial sometid exclusivamente a la ley".

Finalmente, reitera su apoyo a la elección parlamentaria del CGPJ ya que, a su juicio, no debe haber un poder que se autorregule fuera del que consituye la representación de la soberanía popular porque el riesgo inevitable del corporativismo sería de consecuencias gravísimas.