Esta fiscalía acaba de abrir diligencias previas de un caso que data del verano de 2005 y que hasta el momento se ha saldado con la imputación judicial de nueve alcaldes y dos tenientes alcalde, todos ellos del PP, acusados de emitir certificados con los que el ex alcalde citado trataría de convencer al Consell Insular de Mallorca del "interés general" de legalizar unos inmuebles de su propiedad.

En una nota difundida hoy, el PSOE mallorquín considera que este caso "pone al descubierto una red de influencias y favores con un punto en común: el PP".

A juicio del socialista Bonet, el hecho que el fiscal anticorrupción haya abierto diligencias confirma "que existió una red organizada por el PP", para facilitar la consecución del interés general para la vivienda ilegal del entonces alcalde de Ses Salines, localidad mallorquina que se ubica al sur de la isla y que habitan unos 3.500 vecinos.

Para los socialistas mallorquines "la responsabilidad política no se acaba en Sebastià Vidal, que fue empleado (en su día) por (el presidente Jaume) Matas y (el consejero José María) Rodríguez como 'cabeza de turco', sino que tiene más derivaciones: queremos recordar que hubo cuatro consejerías del Gobierno que también emitieron certificados", aseveró Bonet.

El PSIB-PSOE está personado como parte denunciante en esta causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma a raíz de una querella que interpuso en su momento un particular con los ediles encausados. Los ayuntamientos afectados por este proceso judicial son, además de Ses Salines, los de Inca, Sa Pobla, Lloret, Llucmajor, Santa Margalida, Felanitx, Selva, Campos y Montuïri