El PSOE consiguió superar las reticencias de los grupos nacionalistas CiU y PNV, debidas a que el proyecto inicial no aba potestad a las comunidades autónomas para crear sus propias fundaciones de salud laboral.

Finalmente, una compleja enmienda transaccional presentada por el PSOE establece que las comunidades podrán gestionar parte de los excedentes de las mutuas, a través de la Comisión Nacional de Salud.

Las autonomías que cuenten con competencias de salud laboral y tengan organismos dependientes de la Comisión Nacional de Salud, como Cataluña y el País Vasco, dispondrán de una parte del excedente de las mutas, en función de la tasa de ocupación y siniestralidad de cada región, así como del tamaño de las empresas.

El proyecto de Ley de Riesgos Laborales, que pretende adecuar la normativa de salud laboral a las exigencias comunitarias, eleva las sanciones máximas de 15 a 100 millones de pesetas, incrementa la protección por maternidad, y obliga a los empresarios a aumentar la seguridad de sus trabajadores.

Este texto no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 1996, ya que debe ser aprobado por el Sendo y habrá un periodo de adaptación de tres meses tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, antes de que se convierta en norma de obligado cumplimiento.