MADRID

EL PSOE LLEVA A EUROPA EL DERRIBO DE UN INSTITUTO ENMIRASIERRA

MADRID
SERVIMEDIA

El eurodiputado socialista Carlos Carnero preguntará a la Comisión Europea cómo piensa garantizar Bruselas el cumplimiento de la normativa comunitaria y el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales que, a su juicio, incumple el Gobierno de la Comunidad de Madrid al plantear el derribo de un instituto en Mirasierra para construir una boca de metro.

Los defensores del Pueblo y del Menor se han interesado por la suerte de este instituto de la capital madrileña.

El eurodiputado socialista quiere conocer si Bruselas piensa dirigirse a la Comunidad de Madrid para requerir la información necesaria y si va a garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Carnero expone, en una pregunta escrita prioritaria a la Comisión Europea, la alarma social que ha provocado la decisión del Gobierno Aguirre de derribar un centro de Secundaria en el distrito madrileño de Fuencarral para abrir una boca de la línea 9 de metro.

La alarma, explica, no sólo se refiere a los padres y madres de los mil alumnos del IES Mirasierra, sino también a 600 de un centro aledaño, el centro de infantil y primaria del mismo nombre.

"Las asociaciones de madres y padres alegan que no han sido consultadas ni suficiente ni adecuadamente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre unas obras que afectarán directa y negativamente al alumnado, porque comportarán el derribo del instituto, su reubicación en lugares alejados al actual emplazamiento y, durante su realización, harán casi imposible la continuidad de las clases en este centro y en el colegio aledaño, que se sitúa a siete metros de los trabajos previstos", detalla el eurodiputado.

Carnero considera que el Gobierno Aguirre está incumpliendo tanto la preceptiva consulta que se contempla en la legislación comunitaria vigente con respecto al impacto de obras, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo referido a la garantía de una educación digna y de calidad.

Por su parte, la diputada socialista de la Asamblea de MadridMercedes Díaz Massó recordó que tanto el Defensor del Pueblo como el Defensor del Menor han reclamado a la Comunidad de Madrid la elaboración de varios informes para aclarar si estas obras vulneran los derechos de los alumnos.

"Es un escándalo que el Gobierno regional obligue a los padres y madres de estos alumnos a tener que elegir entre educación o transporte, cuando ambas opciones son perfectamente compatibles", concluyó.

(SERVIMEDIA)
11 Dic 2008
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