En rueda de prensa en el Senado, Rumí denunció que la batería de medidas legislativas puestas en marcha por el Gobierno durante este año son sólo "propaganda" y "leyes escaparate", habiéndose producido una "descapitalización en los contenidos" de las misma y una "incertidumbre muy seria en cuanto a su financiación".

La dirigente socialista acusó al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, de "legislar a golpe de titulares" y le advirtió que eso "se suele pagar muy caro".

Lamentó que se haya "perdido una oportunidad de oro para los discapacitados", porque "se podía haber avanzado en términos reales y sustanciales" en esta materia y, sin embargo, el resultado "ha defraudado a las organizaciones del sector" y "se han frustrado muchas xpectativas".

Rumí hizo estas críticas a modo de balance parlamentario del Año Europeo de la Discapacidad cuando está a punto de aprobarse en el Senado la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, una norma que puso como ejemplo y calificó su trámite en las Cortes de "lamentable".

Para la diputada socialista, el resultado final es un texto que "ha desvirtuado el sentido de una ley muy demandada por el sector". "Nace sin régimensancionador", denunció, "sin concreciones en su contenido ni sobre su financiación".

"Debería haber sido una ley prioritaria, pero nació ya lastrada, porque el Gobierno quiso hacer una faena de aliño para salvar la cara en el año europeo", añadió la dirigente del PSOE.

Tanto Rumí como el senador socialista Angel Díaz destacaron que esta ley tan importante para el sector de la discapacidad y que complementa a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) debería haber obtenido el mismo onsenso que se logró cuando se aprobó ésta hace 20 años.

Díaz dijo que la falta de consenso es notable, ya que incluso CiU ha planteado un veto al texto del PP y que, por lo tanto, "esta ley durará lo que dure la mayoría absoluta".

El senador llegó incluso a calificar de "perfecta mofa" una ley que incluye "larguísimos plazos de hasta 17 años" en aspectos de accesibilidad, no contempla sanciones y establece plazos de dos años para otros aspectos, como la regulación de la lengua de signos que podran haber quedado solucionados en la propia ley.