Según lo pactado, la investidura de Sánchez contará con el voto a favor de todos los diputados de Junts, mientras que “la estabilidad de la legislatura” estará “sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.

En el documento del pacto, el PSOE y Junts “constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura”.

En el apartado del texto que se refiere explícitamente a los acuerdos recogidos, el PSOE y Junts reconocen “sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. Por un lado, Junts considera “legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017”.

Por el otro, el partido liderado por Sánchez “niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Al mismo tiempo, ambos “constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

“INTERNACIONAL”

Para la consecución de estos acuerdos, y “dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts acordaron dotarse “de un mecanismo entre ambas organizaciones” que sea “internacional” y “que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso, la metodología de la negociación para “dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes.

En ese espacio, señalaron PSOE y Junts en el documento dado a conocer este jueves, “se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos”.

Ambos hablan que los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones se agrupan en dos grandes ámbitos permanentes: “las de la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”.

En ese sentido, el texto del acuerdo recoge que “en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre, se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva” lo referente “al ámbito del reconocimiento nacional” por parte de Junts. Este partido propondrá “la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”.

Por su parte, el PSOE defenderá “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.

En el ámbito “de los déficits y limitaciones del autogobierno”, Junts apostará de entrada “una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”.

En su caso, el PSOE apostará por medidas “que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”. En este ámbito, también se abordarán “los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

AMNISTÍA

En el texto se habla de una ley de amnistía “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. “Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, pactan ambos.

A este respecto, dicen que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Igualmente, se recoge “la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio”.

De tal forma, la investidura de Pedro Sánchez contará “con el voto a favor de todos los diputados de Junts”, mientras que “la estabilidad de la legislatura” estará “sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.