Los partidos de la oposición consideraron en principio la posibilidad de posponer esta solicitud hasta después de las elecciones europeas, para evitar que les acusaran de electoralismo, pero, dda la cercanía de la finalización del período de sesiones en las Cortes regionales, decidieron optar por la inclusión de este punto en el último pleno del ejercicio.

El director general de Transportes de la Junta, Angel Díez Ripa, sobre el que pesan la mayor parte de las acusaciones de contrataciones directas incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas, señaló que él mismo solicitaría a su grupo, el Popular, que se uniera a la petición de creación de esa comisión investigadora, "para que todo se alare".

Sin embargo, el portavoz del PP en las Cortes, Javier León de la Riva, señaló posteriormente que "'a priori' no consideramos que proceda". El portavoz popular afirmó que en cuanto llegó a sus manos el informe del Tribunal se puso en contacto con los portavoces populares de los parlamentos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, porque "en 1990, que es el año del que habla el informe, el Tribunal se mostró muy fiscalizador con todas las comunidades autónomas".

Según De la Riva, de tdas las comunidades investigadas, Castilla y León "es la que sale mejor parada". El portavoz del PP reiteró que "esto es una maniobra política muy bien calculada, porque ese informe consta en las Cortes desde el verano pasado, y sólo ahora se le ha dado publicidad".

No obstante, De la Riva anunció que el tema se estudiará en la próxima reunión del grupo parlamentario, para tomar una decisión definitiva.