En tal sentido, la secretaria general de los socialistas en la Cámara Alta, Maria Antonia Martínez, defenderá en la Comisión General de las Comunidades Autónomas una moción instando al Gobierno a explicar en el plazo de un mes las consecuencias que la entrada en vigor de la nueva normativa tendrán sobre las comunidades autónomas.

La iniciativa socialista, según informó el PSOE, emplaza a la presidenta del Senado, Eperanza Aguirre, a recabar de cada una de las comunidades autónomas la información relativa al alcance de las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que estimen le han sido atribuidas por la ley de referencia, en su caso, el coste económico que supondrá su desempeño.

La nueva Ley del Menor entrará en vigor el próximo mes de enero, razón por la cual la senadora socialista señaló que "no sólo no se ha producido aún la transferencia de medios correspondientes y adecuados a las comuidades que asumirán las nuevas competencias, sino que tampoco hay acuerdo sobre la repercusión económica que tendrá la aplicación de la ley ni sobre los títulos competenciales en base a los cuales deberá ser asumido su cumplimiento".