Para los socialistas, es momento de extender a la Administración pública, a sus empresas y a las entidades que gestionan servicios públicos fundamentales la cultura de la responsabilidad social, de forma que sean ejemplo de estas prácticas.

Además, consideran que la sociedad necesita que se fortalezcan los instrumentos que vertebran y articulan un consumo responsable, la inversión ética y sostenible y la información sobre la actividad responsable de las empresas.

Se insta al Gobierno a incorporar cláusulas sociales y mediambientales en los contratos públicos al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, favorecer la inversión socialmente responsable tanto en el sector público y privado y fortalecer la cultura del consumo responsable.

Respecto a las distintas iniciativas que están llevando a cabo los gobiernos autonómicos, se pide al Ejecutivo que favorezca y coordine estas políticas de apoyo a la RSC por su cercanía a las pequeñas y medianas empresas.

La crisis económica no debe cuestionar la cultura de la responsabilidad social, en gran parte porque ha sido provocada por la irresponsabilidad y por la imprudencia, señala la proposición de ley.