En concreto, pide que se favorezca la transparencia, la conciliación de la vida laboral personal y familiar de los empleados públicos, y la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, según publica "Diario Responsable".

Además, pide que se incorporaren los grandes retos de la lucha contra la pobreza, objetivos del Milenio respeto a los Derechos Humanos, a las empresas españolas en sus actuaciones internacionales.

También insta al Gobierno para que favoreza la inversión socialmente responsable, tanto en el sector privado como en el público, además de promover el consumo responsable.

En el campo educativo, se pide que promueva la expansión cultural, educativa y formativa de la RSC, introduciendo contenidos del desarrollo sostenible y de la responsabilidad social, en los distintos niveles educativos.

Por último, también se pide que se coordinen las políticas autonómicas de apoyo a la responsabilidad social, entendiendo que la tarea de los gobiernos autonómicos en esta materia es particularmente idónea e importante en la expansión de la RSC en las pequeñas y medianas empresas.