Ese Estatuto, que en los últimos meses del año pasado fue sometido a consultas con los responsables de las autonomías y los sindicatos de funcionarios, flexibiliza la edad de jubilación obligatoria de los empleados públicos, fijada en 65 años, al ofrecer una serie de opciones para adelntarla o retrasarla, a voluntad del interesado.

La propuesta socialista reconoce el derecho a jubilarse a los 60 años a los funcionarios con al menos treinta años de servicio, y establece la figura del jubilado a tiempo parcial, de manera que aquellos a los que les queden menos de cinco años para el retiro forzoso podrán reducir la jornada laboral hasta la mitad, con una disminución acorde del salario.

En este punto, el proyecto del PSOE incluye una medida que se inscribe dentro de las iniciativa de reparto del trabajo, al establecer que las Administraciones Públicas desarrollarán programas de planificación de prejubilación dirigidos a "potenciar la colaboración entre el empleado público que vaya a jubilarse y los posibles candidatos a sustituirle".

Esta ley, que sería el equivalente del Estatuto de los Trabajadores para los funcionarios y empleados de las Administraciones, prevé también medidas para alargar la edad de jubilación a los funcionarios que lo precisen para reunir el tiempo necesaio a fin de contar con derecho a pensión, y concede hasta tres años adicionales de actividad a los que tengan a cargo algún menor o adulto incapacitado.

INCOMPATIBILIDADES

El Estatuto establece también un régimen de incompatiblidades que incluye como principal novedad la prohibición total a los altos directivos (jefes de área, subdirectores y directores generales) de compatibilizar el trabajo con actividades privadas.

Además, el proyecto determina que será incompatible para cualquier funcionari "el desempeño de actividades privadas, aunque sean de carácter profesional, por cuenta propia o ajena, o por representación, sustitución o apoderamiento, en asuntos en los que esté interviniendo, se haya intervenido en los dos últimos años o se tenga que intervenir por razón de la función pública".

También resultará imcompatible la pertenencia a consejos de administración de empresas que realicen actividades relacionadas con la que desempeñe el funcionario, así como el desempeño de cargos en sociedads concesionarias, contratistas o suministradoras o la posesión en ellas de más del 10 por cien del capital.

CODIGO ETICO

Por otra parte, el Estatuto, que agruparía en una sola norma gran parte de la legislación sobre el funcionario que ahora está dispersa en leyes y decretos, incluye por primera vez un código ético que los empleados públicos se comprometerán a respetar.

Ese código establece un decálogo de pautas de conductas, entre las que figuran "la no utilización de los medios públicos para ines privados y la no aceptación de ventajas y beneficios ajenos a su condición de empleado público".

Señala asimismo que los funcionarios deben contribuir a "la creación de un buen clima laboral" y a "la calidad y perfección en el trabajo", además de mantener "lealtad a la organización de la que forman parte y la guarda de sigilo y confidencialidad sobre los asuntos que por su naturaleza no deban ser comunicados o difundidos".