El proyecto del Gobierno, incluido entre las diez medidas de 'impulso demcrático' que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de octubre, comenzó hoy su andadura en el Congreso con el debate de las tres enmiendas de devolución del texto que defendieron PP, Izquierda Unida y Coalición Canaria. Estas enmiendas fueron rechazadas con los votos de PSOE, CiU y PNV.

El portavoz socialista, Manuel Varela, y el propio ministro de Economía, Pedro Solbes, anunciaron que el Grupo Socialista atenderá favorablemente la exigencia que plantearon hoy varios grupos de la oposición, sobre todo el P, para que la ley, que en el proyecto sólo afecta a las Administraciones Públicas, también sea de aplicación para los entes públicos.

Solbes dijo que resultará más difícil aceptar la petición que hacen estos grupos de que se supediten también a la norma las empresas públicas, por cuanto éstas operan en el sector privado y deben adaptarse a las reglas de juego de las empresas privadas con las que tienen que competir.

Durante la presentación del proyecto de ley, el titular de Economía señaló que l remisión a las Cortes de una nueva Ley de Contratos obedece a "una demanda unánime" del Parlamento y de la sociedad, en el sentido de reforzar las garantías de control sobre la transparencia de los contratos que hacen las Administraciones Públicas.

Solbes enumeró las novedades que incorpora el proyecto, entre las que destaca la prohibición de contratar con las Administraciones a las empresas implicadas en casos de corrupción y la generalización de la publicidad en las licitaciones de contratos.

n sus turnos de palabra, los portavoces defensores de la devolución del texto al Gobierno coincidieron en señalar que no servirá para combatir uno de los capítulos que son origen de gran parte de los problemas de corrupción que afectan al país, como es las irregularidades en las contrataciones públicas.

El representante del PP, Juan de la Vallina, señaló que el proyecto de ley es "abiertamente rechazable" porque "abre la puerta al abuso y la arbitrariedad". José Luis Martínez Blasco, de Izquierda Unid, se mostró convencido de que "no satisface la inquietud social", ya que, a su entender, siguen sin quedar regulados otros pasos previos o posteriores a la contratación, como la presupuestación.

José Carlos Mauricio, de Coalición Canaria, calificó de "insuficiente" el proyecto y vaticinó que no servirá para mejorar las garantías de transparencia de los contratos públicos. A su juicio, si no se hace una regulación más enérgica seguirán produciéndose escándalos como el 'caso Roldán'.