El secretario de Organización, José Blanco, presentó un decálogo de compromisos del partido sobre este asunto, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente.

"A todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función, les exigiremos inmediatamente que abandonen su cargo", aseguró.

De la misma forma, "todos los militantes, con cargo público o sin él, sobre los que recaigan esos mismso indicios o sospechas, serán separados del PSOE".

Además, "ninguna persona sobre la que recaigan indicios racionales de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo formará parte de nuestras listas electorales". "No vamos a presentar ante los ciudadanos a nadie cuya conducta pública plantee alguna duda", sentenció.

Blanco aseguró que el PSOE mantendrá este compromiso "en todo caso y en todos los casos", pero juzgó deseable que todos los demás partidos, "muy especialmente el PP", lo imitaran. Emplazó por ello al PP a eliminar de sus listas a toda persona "con indicios racionales de criminalidad".

Si lo hacen, dijo, abrirán las puertas a un gran avance por un urbanismo saludable. Si no, "demostrarán una vez más que su compromiso no es con los ciudadanos ni con las instituciones, sino con quienes se aprovechan y abusan de los ciudadanos y de las instituciones".

El decálogo de medidas, explicó Blanco, compromete a todos los socialistas ante las próximas elecciones autonómicas y municipales, y se basa en recuperar la función social de la vivienda para hacer ciudades habitables, y preservar el patrimonio natural para garantizar un crecimiento ordenado.

Eso implica "perseguir las reclasificaciones indiscriminadas" de terreno, garantizando la transparencia informativa y cumpliendo "escrupulosamente" la legalidad.

Blanco recordó la obligación de todas las administraciones públicas de velar por los derechos de los ciudadanos, y considera por ello "imposible de comprender" casos como el de la Comunidad de Madrid, donde la política de urbanismo recaía en Enrique Porto, "salpicado por actividades urbanísticas dudosas".

Colocar a Porto al frente de esa responsabilidad, denunció, es "convertirle en juez y parte, poner al árbitro a tirar los penaltis".

Blanco subrayó que todos los casos de presunta corrupción urbanística conocidos en los últimos días han salido a la luz gracias al trabajo de los poderes públicos. "Lo que antes se ocultaba y se amparaba, ahora se investiga, se saca a la luz y se persigue con la ley en la mano".

"Con este Gobierno se ha acabado la impunidad urbanística", sentenció Blanco, que reiteró el compromiso de los socialistas en el combate contra el "descontrol" y contra cualquier mal comportamiento, "se produzca donde se produzca".

Blanco desgranó las medidas impulsadas desde el Gobierno para fomentar ese nuevo modelo urbanístico, comenzando por una nueva Ley del Suelo para eliminar "gran parte de los males" contenidos en la normativa anterior.

Al tramitar esa ley, dijo, habrá que definir las competencias que quedan en manos del Estado y las que no, pero teniendo siempre en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, que deja en manos casi exclusivamente autonómicas la ordenación del territorio. "Ese es el marco en el que tenemos que desenvolvernos", dijo.

Aseguró que el PSOE respetará esa sentencia porque su objetivo no es "sacar tal o cual competencia", sino establecer un mejor modelo de gestión. El problema, concluyó, no es en qué manos está una determinada competencia, sino la gestión que se hace de ella.

Finalmente, Blanco se mostró partidario de "no mezclar" la lucha contra la corrupción urbanística con la financiación de los ayuntamientos, pese a que esa búsqueda de recursos es muchas veces el origen de irregularidades.