La solicitud fue presentada por el portavoz del grupo socialista, David Lucas, y por el concejal de IU Ángel Lara. Explicaron que el alcalde tiene 15 días hábiles como máximo para la convocatoria del pleno y que transcurrido ese plazo sin que lo haga, quedará convocado automáticamente 10 días después, según establece el reglamento del pleno.

"Esperemos que el ayuntamiento no agote todos los plazos", dijo Lara. En este sentido, Lucas señaló que, si se cumple la legislación vigente, este pleno "se tiene que celebrar en el mes de julio".

Lucas y Lara recordaron que ya han transcurrido casi dos meses desde la sentencia de la funeraria, en la que quedaron probados que en la venta del 49% de las acciones de la funeraria a Funespaña por un precio simbólico de las antiguas pesetas se cometieron delitos, y el Gobierno de Gallardón "ha dado la callada por respuesta".

Insistieron en que la prescripción de los delitos no elimina la comisión de los mismos, por lo que pidieron que el actual gerente de la funeraria, acusado de delitos en este caso que han prescrito, sea apartado "inmediatamente" de la gestión de la empresa.

"El señor Valdivia debería cesar inmediatamente en sus funciones de gerencia por higiene democrática", declaró Lara, para quien "ese señor no puede seguir en una empresa donde el 51% de las acciones son propiedad del ayuntamiento". A su juicio, "el consistorio ya debería haber tomado la medida de su destitución fulminante, independientemente de que la sentencia esté recurrida".

Además, PSOE e IU proponen suspender cautelarmente la retribución a Funespaña del 20% de los beneficios antes de impuestos de la funeraria por el quebranto económico producido a la Hacienda municipal; y recapitalizar la empresa, destinando los beneficios anuales a incrementar las reservas de la compañía para realizar las inversiones necesarias en los cementerios municipales.

En el pleno pedirán también al ayuntamiento que realice un estudio económico, financiero y jurídico para, "si fuese aconsejable", recuperar el 49% de las acciones que en su día fueron adjudicadas a Funespaña. En cualquier caso, reclaman al ayuntamiento una declaración pública para que se comprometa a que, "pase lo que pase", la funeraría jamás dejará de ser pública y de ser gestionada por el consistorio.

Según Lara y Lucas, estas medidas devolverían la tranquilidad al funcionamiento de la funeraria municipal y garantizarían el mantenimiento y la estabilidad de la plantilla y la paz social que los trabajadores están pidiendo.

Lucas cree que con el caso funeraria estamos ante "una de las situaciones más graves que se ha producido en los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid". Por ello, cree que el consistorio debe "tomar cartas en el asunto" para que la funeraria municipal siga siendo un servicio público.

Para Lucas, habiéndose probado delitos de tráfico de influencias y prevaricación, el ayuntamiento debe intentar "reconstituir los derechos conculcados de los ciudadanos al momento en que fueron conculcados por la venta irregular de esta empresa. Estamos hablando de 1.236 millones de las antiguas pesetas que en teoría dejó de percibir el erario público municipal", concluyó.