Asimismo, advirtieron de que, si el PP veta esta iniciativa en la Mesa de la Asamblea regional, acudirán a los tribunales. Simancas recordó a los miembros de este órgano parlamentario que, si se oponen a una iniciativa legal, tendrán "responsabilidad personal de índole jurídica".

Recalcó que "cuando se prevarica se asumen responsabilidades de índole jurídica" y que el PP "no puede hacer lo que le venga en gana, saltándose las normas, y ha de atenerse a las leyes. En un Estado de Derecho, existe el imperio de la ley, y no del que tiene más votos".

Simancas explicó que esta comisión estaría integrada por nueve diputados (tres de cada grupo) y se encargaría de "recibir responsables institucionales, convocar a cualquier persona y a agentes externos con especial conocimiento" del asunto a tratar y recabar información y documentación para aclarar si esa línea ferroviaria ofrecía en el momento de su construcción, en 1999, seguridad a los usuarios o si se ha producido un sobrecoste de la obra, que fue presupuestada en 131 millones de euros y "costó el doble".

Tras explicar que esta comisión terminaría sus trabajos el 30 de junio, afirmó que en el informe elaborado por el entonces responsable de la ampliación de la red metropolitana, Manuel Melis (ahora responsable de las obras de la M-30), se señala que "para ahorrar dinero se diseñaron unos anclajes de los postes de catenaria endebles y baratos" y que "a las cinco semanas de su entrada en funcionamiento se cayeron unos postes sobre la vía. En ese momento no pasaba ningún tren, pero hubiese sido una catástrofe si la línea eléctrica cae encima con todos los pasajeros electrocutados".

Asimismo, señala Simancas, Melis explica que los costes de la reparación y otros gastos extras corrieron a cargo de la Administración central, en vez de abonarlos la empresa concesionaria.

Para conocer estos datos, el PSOE e IU han solicitado esta comisión de investigación, contemplada en el Reglamento de la Cámara regional, ya que exige que la apoyen dos quintas partes de los diputados y que el asunto a debatir sea de interés general.

Tras mostrarse convencido de que se cumplen todos los requisitos para crearla, explicó que, si el PP veta esta iniciativa, cometerá "fraude de ley" y destacó que si lo hace es porque "tiene mucho que ocultar".

Además, señaló que si el PP se opone a esta propuesta PSOE e IU acudirán a los tribunales para "conocer la verdad" y destacó que "hay que romper la estrategia de la mentira. Mintieron en el Prestige, en la guerra, en el 11-M, en las listas de espera y ahora en la línea 9".

Fernando Marín señaló que IU comparte la decisión de crear una comisión de investigación y recordó que el diputado de la coalición Fausto Fernández, en aquella etapa alcalde de Rivas, pidió a la Administración regional datos sobre el accidente provocado por la caída de catenarias.

"El informe de Melis nos preocupa porque demuestra una forma de actuación generalizada en la Comunidad de Madrid y de las empresas privadas financiadas con dinero público en otras muchas obras", añadió.

Subrayó que si el PP se niega a aceptar la creación de la comisión de investigación estará cometiendo "un atentado contra la democracia y los ciudadanos".