En concreto, los socialistas ha presentado una proposición no de ley en la que preguntan "dónde está la coherencia política del Gobierno ante la propaganda del Plan Integral de Apoyo a la Familia".

Por su parte, IU plantea al Ejecutivo una batería de preguntas para conocer los planes exactos de cierre "paulatino" de los citados centros, reprocha la incoherencia de esta medida respecto de los planteamientos de defensa de la familia que el PP dice defender y se interesa por saber si hay un plan alternativo de creación de guarderías pblicas.

Las delegaciones de Hacienda de Madrid, Barcelona, Málaga, A Coruña y Zaragoza contaban desde hace 23 años con guarderías que ahora suponen un gasto excesivo, a juicio del ministerio. Además, esgrime Hacienda, consagra una situación de privilegio para los funcionarios de esas cinco delegaciones, y también respecto al resto de los contribuyentes que financian el coste de dichos centros.

El portavoz socialista de Política Social y Empleo, Ramón Jáuregui, aseguró que esta decisión es "injust" para los funcionarios que tenían este servicio en "su horizonte vital", y que ahora pierden un derecho que sí tienen otros ministerios.

Además, la Ley 30/1984 establece que se fomentará la creación y desarrollo de servicios destinados al cuidado de los niños con el fin de facilitar el mejor desempeño de la función pública.

Pero sobre todo, los socialistas creen que esta decisión es "absolutamente incongruente con la reciente aprobación, a bombo y platillo, del llamado Plan Integral de Apoyo a l Familia 2001-2004 que, supuestamente, pretende facilitar la conciliación entre la vida familiar y el trabajo, y favorecer la natalidad".

Jáuregui recibió ayer en el Congreso a un grupo de funcionarios de Hacienda que le entregaron más de 1.000 firmas de protesta recogidas en las citadas delegaciones. En la actualidad 250 familias están afectadas directamente por el cierre de las guarderías.