La definición es uno de los "flecos" pendientes del acuerdo alcanzado entre las dos formaciones de izquierdas en Andalucía, según informaron a Servimedia fuentes de IU en esa comunidad, aunque "lo fundamental" ya está acordado, y se mantendrá en sus líneas generales hasta la propuesta que remitan al Congreso de los Diputados.

El concepto, que en el primer texto sobre el que trabajaban era de "nacionalidad histórica", y algunos aspectos relacionados con los ayuntamientos son las dos cuestiones en las que falta acercar posiciones entre ambas formaciones, que podrían sacar adelante la reforma en Andalucía, ya que suman los tres quintos necesarios.

La ponencia que trabaja en la propuesta de nuevo Estatuto para esa comunidad culminará mañana, lunes, el texto de la reforma para empezar a debatirlo en Comisión y elevarlo después al Pleno. La Cámara autonómica lo aprobará definitivamente previsiblemente antes del verano, con lo que podría llegar a las Cortes Generales en torno a septiembre.

La propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía cuenta con 216 artículos, casi tantos como los que tenía la propuesta aprobada por el Parlamento catalán, estructurada en 227, y llega al "máximo" en materia de competencias, como el texto de Cataluña, tal y como explicaron estas fuentes.

La principal diferencia estriba en el modelo de financiación dibujado por ambas reformas, ya que Andalucía propone un sistema "multilateral" y en el que las inversiones del Estado se deben situar "al nivel de la población", es decir, en torno al 17,8 por ciento.

Esta propuesta es distinta de la de Cataluña, que quiere utilizar como referencia su aportación al PIB, y no a la población, con lo que la inversión en esa comunidad tendría que acercarse al 19 por ciento, ya que el porcentaje demográfico es menor.

"MAS SOCIAL"

La propuesta andaluza mantiene la deuda histórica, recoge los fundamentos de una reforma agraria y reclama la competencia de la gestión de la cuenca del Guadalquivir, aunque estas fuentes reconocieron que se han encontrado con la oposición de la responsable de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Fuentes de la dirección de IU en Andalucía indicaron a esta agencia que la propuesta andaluza "avanza más en el aspecto social que la de Cataluña", ya que define con más claridad el salario social, y habla de la necesiad de instaurar redes públicas de servicios básicos para los ciudadanos.

Por último, en el capítulo de derechos, concluyeron que se ha incorporado la laicidad, aunque lamentaron que el PSOE ha introducido una "coletilla" en la que reafirma el derecho de quienes así lo deseen de recibir enseñanza religiosa.