A falta de unos últimos retoques y de la aprobación definiiva por la "Mesa de mesas", PSOE e IU defenderán una postura común en lo que se refiere al desarrollo del sistema eléctrico, a la gestión del suelo público y a los servicios que prestan los municipios.

Las dos formaciones políticas, que tienen en marcha varias mesas de negocición, hacen una apuesta inequívoca por lo público frente a lo privado y exigen controles exhaustivos de aquellos sectores en los que se privaticen servicios que hasta ahora prestaban las instancias públicas.

En lo referente a sistema eléctrico, ambas formaciones "prefieren" la planificación como modelo de desarrollo del sector por ser lo que establece la legislación española y lo que defenderá la directiva europea que se elabora en Bruselas en estos momentos.

En el documento muestran su rechazo del protocolo eléctrico, aunque mostraron sus dudas sobre el carácter definitivo del último texto presentado por el gobierno (el séptimo).

Los dos grupos consideran necesaria la presencia de capital público en la compañía elécrica, Endesa, en Red Eléctrica y en la Empresa de Residuos Radiactivos, Enresa. Del mismo modo rechazan cualquier medida contemplada en el protocolo que pueda significar diferencia de tarifas eléctricas según el territorio en el que se consuma la alectricidad.

Asimismo, expresan su respeto por las negociaciones que mantiene el Gobierno con los sindicatos para tratar de consensuar el futuro de la minería y rechazan el argumento de la competencia para pedir el cierre de minas puesto que "no existe carbó en el mercado europeo".

SUELO

PSOE e IU se oponen genéricamente a que se deje en manos de la iniciativa privada la solución del problema de la vivienda y el desarrollo urbanístico de las ciudades porque "en ningún país del mundo han resuelto ninguno de estos problemas y además han generado desequilibrios sociales y económicos importantes", según indicó Narbona.

El documento consensuado reclama la intervención pública para garantizar la construcción de viviendas de protección oficial y de viviedas en alquiler y pide que se destinen parte de los ingresos municipales a la regeneración de la ciudad ya consolidada.

Ambos exigen una nueva regulación sobre el suelo que garantice la existencia de terrenos de utilización pública y reclaman la realización de un inventario transparente del patrimonio público de suelo y viviendas.

Asimismo, solicitan que el dinero que se recauda por la venta de pisos sociales a sus inquilinos se reinvierta en la construcción de nuevas viviendas de protección públca en alquiler o en mejorar las ya existentes, sin que esas cantidades se desvíen a otros fines.

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

En cuanto a los servicios públicos municipales, señalan la necesidad de que continúen en el ámbito de lo público y de que se fortalezcan para garantizar "cohesión social, control democrático, menor coste económico y más estabilidad en el empleo", según indicó Martínez Pardo.

Hasta ahora, lo que ambos grupos constatan es que en los municipios gobernados por el PP estos riterios se están debilitando, por lo que reclaman un pacto local en que se ajusten los recursos que reciben los ayuntamientos a las competencias transferidas.

Rechazan la financiación extrapresupuestaria de las haciendas locales porque "eso sustituye la inversión pública y además favorece la opacidad la inequidad y tiene repercusión sobre los costes económicos y sociales".

Finalmente, el documento establece que, en caso de privatización de la prestación de un servicio público, las concesiones nose concedan a empresas privadas por más de 5 años porque en caso contrario "el ente público acaba perdiendo el control sobre él".