Alvaro Cuesta se expresó en estos términos en una rueda de prensa en la que explicó la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la concesión del casino de La Rioja, en la que los socialistas ven irregularidades e, incluso, indicios de varios delitos.

En concreto, los socialistas denuncian que la instalación de n casino de juego en La Rioja fue concedida a una empresa, Electra Rioja Gran Casino, S.A., participada a su vez por otras dos, una de las cuales está presidida por el diputado del PP Andrés José Ayala Sánchez.

Denuncian que el concurso público para su autorización se convocó en una orden de 10 de enero de 2002, y la fecha límite para presentar solicitudes fue ampliada en el último momento. El mismo día de la ampliación la empresa que luego sería adjudicataria adquirió los terrenos necesarios para podr concurrir.

Esos terrenos, aseguran, fueron comprados a una empresa que los había adquirido el día anterior en una permuta del Ayuntamiento de Logroño, y lo hizo por el doble del precio que dicha empresa había pagado por ellos.

Los socialistas consideran demostrado que existió una "rápida actividad administrativa y política, con intervención decisiva del ayuntamiento de Logroño", que llegó incluso a firmar un convenio urbanístico con la empresa que sería adjudicataria para permitir la instalació del casino en los terrenos que se comprarían. Ese convenio, dicen además, fue rubricado antes de que la empresa adjudicataria estuviera jurídicamente constituida.

Creen probado con todo ello que esta empresa ni siquiera hubido podido presentarse al concurso de adjudicación de no haber sido por las gestiones del ayuntamiento de Logroño y del Gobierno autonómico, ambos en manos del PP.

En todo ello los socialistas ven irregularidades evidentes además de indicios de información privilegiada, tráfic de influcencias, delito urbanístico y prevaricación.

Cuesta aseguró que no se trata de un caso aislado, sino que se une a otros conocidos en otros lugares de España, como la cuenta restringida del alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, al que el Tribunal de Cuentas ha obligado a devolver más de 100.000 euros.

Recordó que la dirección nacional del PP, y su posible sucesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, no sólo no han exigido responsabilidades por ello, sino que se han solidarizao plenamente con él, con lo que todo el partido se convierte en "cómplice y corresponsable" de estas actitudes.

Los socialistas deducen que la dirección del PP autoriza implícitamente que la pauta de comportamiento de sus cargos públicos sea la opacidad en la gestión y la permanente confusión de los ámbitos públicos y privados. "El PP es un peligro para la gestión pública", sentenció.

Alvaro Cuesta reconoció que carece de datos para denunciar que estos casos concretos, como otros que han llegadoinstancias judiciales, conformen una trama organizada de financiación irregular del PP, pero reiteró una y otra vez la "doble moral" de este partido, "que justifica siempre lo que ocurre en su casa pero se rasga las vestiduras cuando ocurre en otro sitio".

Cuesta estuvo acompañado en la rueda de prensa por la diputada riojana Antonia San Felipe y por el también riojano y portavoz en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso Angel Martínez Sanjuán, que volvió a abogar por un endurecimientodel régimen de incompatibilidades de los altos cargos, incluidos diputados y senadores.