Las diputadas socialistas Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Sociales, y Elvira Cortajarena, ponente de esta ley, explicaron en rueda de prensa el medio centenar de enmiendas que han presentado a este texto, y que supern "en volumen y en contenido" al elaborado por el Gobierno, que es "un texto de mínimos".

Rumí recalcó que el PSOE no pidió la retirada del proyecto porque era una ley muy demandada y esperada por el sector de la discapacidad, pues viene a sustituir a la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), de 1982. Sin embargo, advirtió al Gobierno de que no contará con el apoyo de los socialista si el Ejecutivo se limita a hacer "ligeros retoques" a su docuemento y no un cambio de fondo.

La dirigete socialista considera que el proyecto es "muy deficiente", se ha elaborado con "precipitación y oportunismo", ya que fue anunciado en la campaña electoral, realizado "casi por arte de magia en poco tiempo", y quiere sacarse adelante en el Congreso en el mes de julio, lo que provoca "inconcreciones, carencias e insuficiencias".

Por ello, las enmiedas del PSOE pasan por reducir los plazos de forma considerable, pues el Gobierno establecía tiempos de aplicación demasiado "dilatados". Cortajarena explic que, por ejemplo, la obligación de hacer accesibles los edificios privados deberá entrar en vigor antes de 12 años, no 17 como propone el Ejecutivo.

Otro de los cambios sustanciales que proponen es la "inversión de la carga de la prueba", es decir, que sea la entidad o persona demandada la que tenga que demostrar que no ha existido discriminación. Además, pueden utilizarse los datos estadísticos como prueba documental para indicar discriminación.

Asimismo, las enmiendas socialistas fijan un régien sancionador, pues para hacer realmente efectivos los derechos es necesario "protegerlos con instrumentos jurídicos", o de lo contrario sería un documento meramente "declarativo".

Por otro lado, el PSOE quiere que los consejos que articula el proyecto, con carácter puramente asesor, tengan "funciones ejecutivas", para garantizar el desarrollo de la ley; y que en dos años se tenga en cuenta para las adjudicaciones en concursos públicos a las empresas que no han sido sancionadas por discriminación y cmplan los preceptos de esta ley.

Finalmente, reclama que se amplíe el ámbito de aplicación de esta ley para que incida en el acceso a la sanidad, la educación, el empleo, el transporte, la comunicación y las prestaciones sociales, para lo que deben incluirse mecanismos en todas las leyes que garanticen la igualdad.

"¿DONDE QUEDA LA SUBCOMISION?"

Rumí concluyó que el texto gubernamental no es el "resultado de un trabajo solvente, serio", pues los discapacitados "necesitan mucho más", y se pregunó "dónde ha quedado el trabajo" elaborado en la subcomisión parlamentaria donde se contó con las aportaciones del sector, y se llegó a una propuesta mucho más amplia y "comprometida".

Cortajarena, por su parte, recalcó que desde que se anunció esta ley los diputados socialistas de la subcomisión han visto sus correos electrónicos "bloqueados" por propuestas de personas con discapacidad, que han sido incorporadas en estas enmiendas.

Añadió que la antigua LISMI fue un "paradigma" en Europa en matera de discapacidad, algo que no se puede decir de esta nueva norma, porque ni siquiera se han aplicado las directivas comunitarias en materia de igualdad y no discriminación.

Acusó al Gobierno de querer elaborar esta ley "con mucha prisa", y basándose en el "gratis total", lo que demuestra que vuelve a la política del "todo a cien", ya que los 120.000 euros que contempla en la memoria económica no son partidas adicionales para aplicar esta ley, sino partidas que ya existían en los Presupuestos Generale del Estado.