Además, explicó que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales paga a los perceptores de esta prestación una cantidad inferior a la que se reconoce en la ley, que aclara que los beneficiarios han de tener unos ingresos mensuales menores a la cuantía de la pensión no contributiva.

Señaló que la prestación básica no debería ser los 315 euros que abona la Administración regional sino 336 euros, que se obtienen de prorratear a 12 mensualidades la cuantía anual de la citada pensión.

A su juicio, es "una mezquindad quitar lo mínimo necesario para el sustento a los que menos tienen".

De las Heras destacó que lo que se gasta la Comunidad de Madrid en pagar la RMI supone sólo el 0,3% de su presupuesto total y acusó a la citada consejería de "deslegitimar su propia ley, al no aplicar las cuantías mínimas establecidas ni los medios necesarios para los apoyos personalizados ni para los programas de integración social".