Según datos de los socialistas, el 20% de las 10.000 solicitudes estudiadas desde el 31 de diciembre pasado presentaba alguna irregularidad. Algunos de los perceptores de las ayudas no cumplían todos los requisitos, a otros se les había pasado el plazo, otros cobraban cantidades incorrectas, "e incluso algunas de las pensiones", según afirmó el portavoz del PSOE, José María Crespo, se habían dado a personas que aún están en activo".

Los socialistas pidieron la comparecencia del consejero de Bienestar Social de la Junta, José Manuel Fernández Santiago, ante la Comisión correspondiente en las Cortes Regionales para que explicara esta cuestión.

El consejero negó en esa comparecencia toda irregularidad y afirmó que Castilla y León está registrando en esta materia "las mayores dosis de eficacia". Además, pidió al Gobierno la reforma de la ley que regula estas pensiones para evitr picarescas y acusó al PSOE de estar utilizando el asunto políticamente.

Crespo insistió en que "han sido frívolos en la concesión de las pensiones y nos han obligado a hacer la denuncia, porque hemos detectado incluso duplicidad de cobro en algunas personas e ingresos superiores a los que permite la ley".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Javier León de la Riva, respondió que "nadie puede decir que haya habido fraude. A veces se han detectado anomalía, pero se han resuelto de oficio, sin más historias, y es tremendamente preocupante que el PSOE siga utilizando este tema como arma arrojadiza".