Según Leandro Crespo, las irregularidades comenzaron cuando el anterior equipo de gobierno de centro-derecha convocó el concurso para adjudicar las obras, que deberían realizarse siguiendo el proyecto ganado en junio de 1989 por el arquitecto Manuel Collado.

Crespo aseguró que Simón Viñals, que asumió la presidencia de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, adjudicó dicho concurso a una empresa que ejecutó las obras siguiendo otro proyecto distinto, que no había sido visado por el Colgio de Arquitectos.

Otra irregularidad, según el PSOE, es que la construcción carece de certificado de fin de obra, requisito indispensable en toda edificación.

En opinión de Crespo, esta situación supone una ilegalidad y un agravio comparativo con las exigencias que el ayuntamiento mantiene con la iniciativa privada, ya que cualquier constructor tiene que presentar el certificado de final de obra para poder proceder a las acometidas de agua, gas y otros servicios.

Además, indicó que esta iregularidad es la causa de que el edificio funerario carezca de licencia de apertura.

Añadió que Viñals anuló el compromiso con Collado, a quien el ayuntamiento indemnizó con más de 30 millones de pesetas, y la obra fue dirigida por otro arquitecto, a quien tuvo que pagar más de 30 millones por sus servicios.

El representante socialista acusó al ayuntamiento de jugar con el erario público, ya que el proyecto, que debería haber sido más económico que el incial, aumentó en 500 millones los gastos de nuevo tanatorio, cuyo coste inicial era de 3.107 millones de pesetas.

"Además, la empresa constructora presentó un presupuesto de precierre de 3.600 millones de pesetas, cantidad que, según Viñals, el ayuntamiento está negociando, pero si no disponen de un libro de obra no podrán contabilizar lo que realmente costó el tantatorio", concluyó Crespo.