El portavoz adjunto de Ciencia y Tecnología del PSOE, Jaime Lissavetzky, denunció en una rueda de prensa que el Gobierno ha acordado convalidar un gasto por un importe de 6.738.183 euros, más de 1.000 millones de pesetas, para la concesión de subvenciones y anticipos reembolsables destinados a grandes empresas.

Este acuerdo se distribuyó supuestamente el 21 de mayo en la Comisión de Subsecretarios y, según dice el PSOE, "tenemos noticias de que se envió a Consejo de Ministos y probablemente haya sido aprobado el 30 de mayo".

Lissavetzky considera que con estas convalidaciones enmarcadas en el Programa de Fomento de la Investigación (Profit), el Ejecutivo "mejora la gestión" en esta materia a través de "anomalías", saltándose los trámites administrativos para beneficiar a grandes compañías, como Repsol, Telefónica o Endesa.

El PSOE ha presentado en el Registro del Congreso dos preguntas para saber a qué empresas va este dinero correspondiente al programa Profit, quénes son los beneficiarios y qué cantidades y programas se han subvencionado.

Además, reclama datos sobre todos los gastos convalidados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en esta legislatura, así como los nombres de los beneficiarios, las fechas y las razones que justifican estas convalidaciones.

QUEJAS DE LOS INVESTIGADORES

El diputado socialista recordó que 2.900 investigadores han firmado un manifiesto en el que denuncian un "desastre sin precedentes" en esta materia, así como la ausecia de ideas y criterios, una gestión opaca, el retraso en la concesión de becas y proyectos y, en definitiva, la falta de atención del Gobierno.

Lissavetzky aseguró que estos investigadores "no pertenecen a ninguna secta anti-Piqué", sino que son "sufridores en sus laboratorios de la pésima gestión del Gobierno", y deploró que el ministro haya respondido con ataques y quitando importancia a los firmantes.

Asimismo, recordó que el objetivo de inversión en I+D+I para 2001 era del 1,23 por ciento, y hemos llegado al 0,96", lo que a su juicio supone una muestra de que le Gobierno no cumple los objetivos que él mismo se marcó.

A esto se suman, según el PSOE, los 1.000 millones de euros de "inversión perdida" por "la falta de ejecución, la ineficacia y el desconocimiento", por lo que concluyó que no es admisible en estas circunstancias "presumir de buena ejecución".