Las europarlamentarias socialistas creen que el Gobierno incumple el Derecho comunitario al no remover de su cargo a Tey y no iniciar acciones legales contra ella "como responsable de un delito de apología de la violación y la pederastia".

En su denuncia, Valenciano y Rodríguez manifiestan que el Ejecutivo de José María Aznar "no puede amparar ni justificar esos hechos" invocando que los mismo se han producido en el ámbito privado y en el ejercicio de una actividad empresarial.

"La responsabilidad pública que ostenta la directora del Instituto de la Mujer le obliga precisamente a perseguir los hechos que ella misma ha cometido", señala el escrito.

Para el PSOE, la Comisión Europea tiene la obligación de velar por el cumplimiento del Derecho Comunitario y por ello cuando un Estado miembro lo vulnera, la Comisión dispone de poderes propios para poner fin a esa situación.