Según informa el Grupo Municipal Socialista en una nota de prensa, el Ejecutivo de Gallardón ha permitido "el depósito incontrolado y el vertido clandestino e ilegal de más de 2.000 toneladas de escombros y basuras y más de 500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en donde antes se encontraba ubicado el poblado chabolista de El Salobral".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, entiende que "los responsables municipales han podido incurrir en un delito ecológico al tolerar que lo que iba a ser una gran zona verde de 22 hectáreas para el sur de Madrid se haya convertido en un gigantesco vertedero clandestino, donde las basuras se pudren al aire y provocan malos olores y molestias a todos los que viven en Villaverde".

Según el PSOE, en los terrenos en los que se levantaba El Salobral se amontonan residuos tóxicos y peligrosos como neumáticos, aceites, disolventes, pinturas, jeringuillas o restos clínicos, que deben ser evacuados a un vertedero de seguridad obligatoriamente por quienes los producen.

"Su depósito incontrolado está terminantemente prohibido porque pueden contaminar el aire, el subsuelo y las aguas subterráneas", añade.

Lucas considera inadmisible que desde que empezaron las primeras demoliciones en este poblado hace dos años el Gobierno municipal no se haya preocupado de recoger ni trasladar a un vertedero "ni uno de los restos de chabolas y basuras allí acumuladas.

"Ayuntamiento y Comunidad han incumplido sus compromisos de transformar estos terrenos en una zona verde de 220.000 metros cuadrados", insistió el portavoz socialista.

En su denuncia, el grupo municipal socialista considera que el Ayuntamiento de Madrid ha podido vulnerar la Ley Orgánica 10/1995, de 22 de noviembre, del Código Penal, referida a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El PSOE acusa, asimismo, al Gobierno de Gallardón de infringir de forma flagrante la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid, que prohíbe terminantemente el abandono y vertido de residuos, especialmente de los peligrosos que pueden poner en riesgo la salud de las personas, conducta para la que dicha norma prevé multas de hasta 300.000 euros.

"El Gobierno de Gallardón incumple su propia ordenanza de Transporte y Vertidos de Tierras y Escombros", aseguró Lucas, quien explicó que esta normativa obliga a los responsables de las obras de derribo a llevar de forma inmediata los restos de las mismas a un vertedero autorizado.