El Tribunal Constitucional anuló ayer la condena de tres años y cuatro meses de prisión impuesta en 2003 a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad documental en la venta de Urbanor.

El Constitucional revocó esta condena porque mantiene, desde hace años, una doctrina contraria al Tribunal Supremo en lo que respecta a la prescripción de delitos.

En un acto de la organización Entorno Aragonex, Rodríguez Piñero afirmó que "las sentencias las acatamos y las respetamos todas, porque nosotros creemos en independencia del poder judicial, no como el PP". Sin embargo, la responsable de Economía del PSOE apuntó que lo que "me hace reflexionar no es la sentencia, sino el régimen jurídico".

"Creo que deberíamos replantearnos determinadas legislaciones en materia de prescripciones o no de delitos y en materia de agilidad y eficacia en el funcionamiento de la Justicia para que no se produzcan estas prescripciones", explicó.