El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, se mostró en rueda de prensa claramente contrario a la decisión de la Comisión del Estatuto del Diputado de autorizar a los diputados del PP Fernando López Amor y Francisco Antonio González para que asesoren a dos empresas privadas que pueden tener intereses en sectores públicos relacionados con su actividad como parlamentarios.

En su opinión, no es sólo "inadmisible, desde el punto de vista ético y moral", sino quela ley que regula las incompatibilidades de altos cargos "impide conceder esa autorización".

Caldera reconoció que sus representantes en esa comisión pudieron no ser "suficientemente diligentes" para impedir esta decisión, pero precisó que no se votó formalmente, por lo que no se puede decir que el PSOE la respaldara. En todo caso, el Grupo Socialista se opondrá al dictamen, que se votará mañana en el pleno.

El portavoz socialista subrayó el hecho de que estos dos diputados pretendan asesorar, prcisamente, a una empresa inmobiliaria y otra de seguridad privada, dos de los sectores que más han crecido desde que gobierna el PP.

"EL PALADIN DE LA REGENERACION"

Acto seguido, recordó que el PP se presentó "como el paladín de la regeneración democrática", pero lo que ha conseguido es "reducir las fronteras de la democracia". Por ello, anunció que los socialistas presentarán próximamente una serie de medidas para reforzar la transparencia en la gestión de lo público.

Propondrán, entre otras csas, reducir los gastos electorales, fomentar ls debates públicos, instaurar una oficina de control del gasto, e impulsar normas que acerquen a los ciudadanos a sus representantes.

El PSOE denuncia desde hace tiempo "la tremenda confusión entre lo público y lo privado" en la que han caido los dirigentes del PP. Como ejemplo se refirió a su negativa ya anunciada a las comparecencias de presidentes y ex presidentes de empresas públicas privatizadas, y los "graves problemas" detectados por el Tribunal deCuentas.

Según los datos de este tribunal, dijo Caldera, la SEPI, encargada de las privatizaciones, pagó por Astilleros cantidades "muy superiores" a las de su valor, y la deuda de Renfe "se convirtió en inversión".

Los socialistas propondrán resoluciones para solicitar fiscalizaciones específicas que determinen si en estos casos ha habido malversación de caudales públicos, formularán preguntas por escrito y orales, y presentarán una proposición de ley para evitar "que se puedan hacer estas tramps contables con la connivencia de la Intervención General de la Administración del Estado".