Esa moción se debatirá y votará mañana en el Pleno del Senado, y hoy fue analizada en una reunión interna del PSOE con los alcaldes socialistas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con su presidente, Pedro Castro, al frente.

Después comparecieron en rueda de prensa el propio Castro; la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva; y el secretario de Política Autonómica de la dirección federal del PSOE, Álvaro Cuesta.

Aunque se pueden presentar enmiendas hasta antes del inicio del debate, Silva expresó su confianza en llegar a un acuerdo sobre el objetivo de fondo, que es vincular ambas reformas. En su opinión, el actual es el momento "idóneo" porque confluyen la negociación autonómica y la voluntad expresada por el Gobierno de garantizar la suficiencia de los ayuntamientos.

Si se mantiene ese espíritu, los socialistas están dispuestos a negociar enmiendas para poder alcanzar ese acuerdo que permita hacer realidad una reivindicación histórica de los ayuntamientos.

Buscan para ello un gran acuerdo entre las administraciones estatal, autonómicas y locales, y entre los grandes partidos políticos, para que la nueva financiación local pueda entrar también en vigor, precisó Cuesta, en enero de 2009.

La FEMP mantiene que las demás administraciones tienen con los ayuntamientos una deuda de 7.000 millones de euros por lo que llaman "gastos impropios", es decir, los derivados de prestar servicios que corresponderían a otras administraciones.

Sin embargo, el propio Castro se mostró de acuerdo con Silva y Cuesta en que lo importante ahora es buscar un consenso sobre la necesidad de vincular ambas negociaciones. "No nos sentimos vinculados a una cifra concreta", dijo Cuesta, pero sí por esa filosofía de fondo de que los ayuntamientos tengan recursos suficientes para prestar los servicios.

Castro aseguró que los ayuntamientos reclaman recursos pero al mismo tiempo se comprometen a una mayor transparencia y a una mejor gestión, y se mostró convencido de que una buena negociación puede garantizar que ese incremento financiero no comporte una mayor carga fiscal para los ciudadanos.