Ambos grupos pretenden que el Gobierno aproveche la próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF) para introducir dichas reformas, que podrían beneficiar amás 2,7 millones de personas en situación de dependencia.

Muchas de ellas no disponen de ingresos suficientes para financiar los gastos que comporta su atención, aunque algunas dispongan de un cierto patrimonio inmobiliario en forma de vivienda.

La vivienda no genera renta alguna, sino que conlleva gastos, pero podría ser un "excelente activo para ayudar pagar los gastos de la situación de dependencia en caso de necesidad, siempre que gozara de los "incentivos necesarios".

Así, estos dos grupos entienden que sería una buena solución dar un tratamiento ventajoso a la movilidad de patrimonio y al ahorro a largo plazo, que pudieran ayudar a subsanar situaciones de dependencia.