En contra de los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Administraciones Públicas, los socialistas calculan que el modelo aprobado en 1996 costará al Estado un total de cerca de 400.000 millones de pesetas en sus cinco años de vigencia.

Así lo aseguraron los responsables socialistas de Economía, Juan Manuel Eguiagaray, y de Política Autonómica, Ramón Jáuregui, junto al senador responsable de asuntos económicos, Octavio Granados, en un análisis claramente divergente de las cuentas difudidas ayer por el Gobierno acerca de la liquidación del sistema en 1997.

Todos ellos coincidieron en que las cifras difundidas por el Gobierno no son las correspondientes al modelo aprobado en 1996, sino las resultantes de las "correcciones" aplicadas después mediante la cláusula de garantía contenida en los Presupuestos Generales para este año, con la que han tratado de "arreglar la chapuza" para que parezca "menos desastre".

Según los socialistas, si el primer año de vigor de este sistema se huiese liquidado sin la aplicación de esta cláusula, las comunidades que lo aceptaron hubieran perdido en su conjunto en torno a los 40.000 millones de pesetas.

Para compensar este déficit, y para crear un cierto superávit, el Gobierno ha puesto a disposición del modelo otros 32.000 millones de pesetas. Este análisis lleva a los socialistas a concluir que el modelo ha costado al Estado, en su primer año de aplicación, unos 73.000 millones de pesetas.

Los tres dirigentes socialistas subrayaron que ls comunidades autónomas gobernadas en 1996 por los socialistas -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- "hicieron bien" en rechazarlo y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido, subrayaron que estas tres comunidades sufren una triple discriminación, ya que el Gobierno les "impuso" el modelo sin contar con ellas al negociarlo, sólo les abona los ingresos a cuenta, y no tienen acceso a los beneficios adicionales de las otras comunidades.

CINCO RAZONES PARA CAMBIARLO

En conlusión, Jáuregui enumeró cinco razones para que el modelo sea urgentemente renegociado. En primer lugar, el alto coste que tiene para el Estado y que se traduce en déficit, no sólo por las partidas específicas, sino por el "escándalo" que suponen las transferencias "opacas" a determinadas comunidades para que mantengan el sistema, como ayer reconoció el consejero catalán de Economía, Artur Mas.

En segundo lugar, por la desproporción que existe entre las distintas comunidades, según el diferente peso qe el Impuesto de la Renta tiene en sus presupuestos, y que ha provocado, por ejemplo, un alto crecimiento para Galicia y un decrecimiento para Madrid.

Como tercera razón, Jáuregui argumentó que el actual modelo no garantiza a las comunidades la participación en los demás ingresos del Estado, al basarse fundamentalmente en el que peor está tributando de todos, que es el IRPF.

Además, recordó que el cambio de sistema "lo piden todos", no sólo las tres comunidades socialistas, a las que después del3 de junio se han sumado otras tres, sino algunas gobernadas por el PP, como Valencia, además de Cataluña. En este sentido, vaticinó que pronto se sumará a esta petición el presidente de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, a la vista de la liquidación del primer año.

Finalmente, aseguró que la negociaicón sobre la incorporación de los impuestos especiales a la financiaicón autonómica es una "extraordinaria" oportunidad para renegociar el sistema entero. Al hilo de esta reflexión, consideró que esta nueva ncorporación es una forma del Gobierno de corregir el sistema, ya que los impuestos especiales, al ser más homogéneos en todos los territorios, pueden limar las distorsiones que provoca el IRPF.

Aunque deben analizarlo más detenidamente, los dirigentes socialistas se mostraron convencidos de que las tres nuevas comunidades gobernadas por el PSOE seguirán bajo este modelo, si bien contemplaron la posibilidad de que Asturias materialice el acuerdo al que llegó el Parlamento autonómico, con mayoría de PSE e IU para recurrir el modelo al Constitucional.

En todo caso, y sin avanzar el contenido de su programa electoral para los próximos comicios generales, los socialistas se mostraron partidarios de basar la financiación autonómica en una "cesta de impuestos" para evitar las distorsiones que provoca la pivotación sobre uno solo.