A juicio del PSOE, Quintanilla no ha cumplido ninguno de los aspectos contemplados en el convenio de cesión, "gracias a la permisividad y claro amiguismo" por parte de los concejales populares.

Según la documentación aportada por los socialistas santanderinos, entre las irregularidades supuestamente cometidas está el impago del canon de cuatro millones de pesetas anuales fijao en el pliego de condiciones y el enganche irregular a la red eléctrica municipal de los servicios propios del restaurante.

El último informe emitido por la directora del Camping Municipal, Ana Cavada, recoge cómo el responsable de la concesión no ha satisfecho en los 14 años que dura ésta los cuatro millones anuales establecidos como canon (56 millones de pesetas).

"Es imposible creer que el equipo de Gobierno municipal desconociese este impago, que por sí mismo era ya razón suficiente para anuar la concesión", afirman los socialistas.

Asimismo, el escrito recoge cómo los servicios de cafetería, restaurante y centro comercial han estado consumiento electricidad del servicio municipal a través de una desviación de la línea que paga el Ayuntamiento de Santander para dar servicio a los campistas.

Los socialistas santanderinos, que califican este hecho de robo, cifran en más de 20 millones de pesetas el consumo de fluido eléctrico interceptado por la concesionaria del servicio de restauracón, al tiempo que destacan la "curiosidad" de la contratación de una línea propia por parte de Jaime Quintanilla el pasado 9 de agosto.

Jaime Quintanilla consiguió la concesión del servicio de restauración y centro comercial del Camping Municipal de Santander en 1980 bajo el mandato de Juan Hormaechea. A pesar de que ésta era por 10 años, caducada la misma el equipo de Gobierno permitió la continuidad de la actividad sin que se haya regularizado.

Asimismo, Quitanilla es el propietario de un campig ubicado junto al municipal, el cual fue motivo de polémica en el momento de su construcción por la proximidad con la instalación pública y porque sus dimensiones sobrepasaban las establecidas en principio, ocupando terrenos municipales. Estas irregularidades fueron archivadas durante el mandato de Juan Hormaechea.

Ante esta situación de "intolerable amiguismo", los socialistas santanderinos han anunciado que enviarán la documentación al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJ) para que éste determine la posible existencia de responsabilidades penales.