La reforma tiene como motivación la adecuación de la ley gallega a los preceptos de la ley estatal en aspectos relacionados conla movilidad de los funcionarios o la excedencia forzosa, temas muy criticados desde todos los sindicatos.

Sin embargo, la principal novedad del proyecto de ley que se va a debatir mañana en el legislativo gallego es la incorporación de un sistema de evaluación de las unidades administrativas, que recibirán puntuación en función de su eficacia. Esta puntuación será valorada como mérito en concursos de traslado o para la aplicación del complemento de productividad.

La evaluación, de carácter anual fue rechazada desde el primer momento por los sindicatos, porque, a su juicio, puede ser un instrumento en manos del poder político. Los sindicatos entienden que la puntuación puede ser discriminatoria e incluso inconstitucional, al hacer posible que la incompetencia de un jefe perjudique a todos los funcionarios a sus órdenes.

Para el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la reforma de la ley busca una administración cada vez más sumisa al poder político y menos profesionalizada, formada por funcionario más preocupados de agradar al que manda que de cumplir su función profesionalmente.

Tanto el BNG como el PSdeG-PSOE reclaman la eliminación del artículo que prevé la evaluación anual de las unidades administrativas.

Entre otras modificaciones, el proyecto de reforma de la Ley de Función Pública prevé elevar de 2 a 3 años el tiempo de excedencia para padres o madres que deseen cuidar a sus hijos pequeños, con derecho a la reserva de plaza en el mismo lugar.