El secretario de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, fue el encargado de exponer estas bases en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección socialista. En primer lugar, explicó, el nuevo modelo debe garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, lo cual exige que la relación entre éstas y el Gobierno central se rija por una alta lealtad constitucional, para que el modelo no premie a unas y castigue a otras en función de "intereses partidarios".

Esta premisa de suficiencia requiere también que el Ejecutivo central reconozca "a los andaluces que existen" según el Instituto Nacional de Estadística, agregó Sevilla, respaldando as una reivindicación del presidente de Andalucía, Manuel Chaves.

En segundo lugar, el nuevo modelo debe garantizar la corresponsabilidad fiscal, entendida como capacidad de las comunidades autónomas para vincular sus ingresos a una cesta de impuestos que incluya el IRPF, el IVA en su fase minorista, y algunos impuestos especiales.

El tercer pilar que debe asegurar el modelo de financiación es la solidaridad entre comunidades autónomas. El Estado, dijo Sevilla, debe garantizar siempre que todos losciudadanos tengan acceso a unos servicios esenciales, vivan donde vivan.

Esto exige, agregó, un fondo de nivelación que el Gobierno, hasta ahora, no ha desarrollado ni dotado de recursos "mínimamente serios".

"DEJAR DE MAREARNOS"

Con estos tres pilares sobre la mesa, Sevilla emplazó al Ejecutivo a "dejar de marearnos" y a avanzar su postura ante el vencimiento del actual modelo. Si no lo hace, apostilló, "entenderemos que lo va a utilizar en la batalla política".

Sevilla acusó al Gobierno e incumplir la cesión del 30 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas, que debía culminar el vigente modelo en los presupuestos para el próximo año, y de quebrar además la previsión de corresponsabilidad fiscal.

El dirigente socialista advirtió además al Gobierno de que la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica debería haber sido el primer paso para someter a las comunidades la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En este punto, reiteró que resulta "poco rigurosos" pretende imponer a las comunidades una ley de equilibrio presupuestario antes de que conozcan sus fuentes de ingresos, motivo por el que la mayoría han rechazado el anteproyecto presentado la pasada semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sevilla aseguró además que las comunidades autónomas, especialmente las socialistas, han reducido en los últimos años su endeudamiento, por lo que no resulta necesaria una medida "tan drástica y, desde nuestro punto de vista, inconstitucional".

Por este moivo, anunció el envío a todas las corporaciones locales gobernadas por el PSOE del texto del anteproyecto del Gobierno, para que se pronuncien sobre una norma que modificaría el actual ordenamiento constitucional en lo referente a las relaciones entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos.