En su programa electoral, el PSOE aseguraba que "el sistema público de pensiones, y su universalización, están plenamente consolidados.En los próximos años nos proponemos reforzarlo y perfeccionarlo, dando plena seguridad a los pensionistas actuales y futuros".

El programa, que no hacía ninguna mención a una posible crisis del Sistema de la Seguridad Social, añadía: "continuaremos aumentando la acción protectora tanto en las nuevas pensiones que se reconozcan, como en las ya existentes y avanzaremos en la mejora de la gestión".

Los socialistas prometían en concreto equiparar durante esta legislatura las pensiones mínimas de viuddad de los menores de 60 años a las de esa edad; continuar garantizando la equiparación de la pensión mínima familiar al salario mínimo neto; revalorizar las pensiones de acuerdo con la evolución de los precios y garantizar el reconocimiento y pago de las pensiones en el plazo máximo de 30 días desde la fecha en que se solicite o, en el caso de la invalidez permanente, desde la fecha de su declaración.

Los aspectos más restrictivos de la oferta electoral socialista apuntaban a acentuar "el carácter cotributivo del sistema, continuando con el proceso de integración de colectivos y de equiparación de todas las bases máximas de cotización".

Los demás partidos políticos no se quedaron a la zaga a la hora de realizar promesas a los pensionistas, algo a lo que presumiblemente no es ajena la circunstancia de que se trata de un colectivo de más de seis millones de personas.

El Partido Popular ofrecía el acercamiento de todas las pensiones al salario mínimo y la consolidación de la capacidad adquisitia de todas las pensiones, aunque teniendo a incrementar en mayor medida las más bajas.

El PP defendía también el incremento de las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años hasta alcanzar el 80 por ciento de la pensión causante y equiparar gradualmente las prestaciones anteriores al 1 de enero de 1985 a las posteriores.

Izquierda Unida se comprometió a elevar la pensión contributiva mínima al salario mínimo y a crear un fondo de garantía de pensiones para asegurar que ninguna se suprima o dsminuya.

Convergencia i Unió se mostró partidiario de suprimir la incompatibilidad en el cobro de dos pensiones cuando al suma de ambas no llegue al salario mínimo, especialmente en las prestaciones de viudedad.

El PNV abogaba por la universalización de las pensiones y por el reconocimiento de las pensiones para el personal militar y policial al servicio de la Segunda República.