A la reunión, que se celebró en la sede del partido, situada en la calle San Vicente de Sevilla, asistieron el secretario general de los socialistas andaluces, Carlos San Juan, y estuvieron presenes el vicesecretario general y portavoz en el parlamento andaluz, Enrique Linde, el secretario de organización, Antonio María Claret, y el coordinador electoral, Miguel Angel Pino.

El encuentro tuvo lugar el mismo día en que la jueza encargada de la investigación del caso, Pilar Llorente, se incorporó a su puesto tras un periodo de vacaciones y coincidió también con el anuncio del PP andaluz de personarse en el sumario.

Según fuentes socialistas, gran parte de la reunión estuvo dedicada al análiss del comunicado anónimo remitido a Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA) y al juez sevillano Angel Márquez, que dio origen a las investigaciones.

Los máximos dirigentes socialistas sospechan, según informaciones recogidas por Servimedia, que el anónimo, que implica a Sanjuán, Linde y Claret en los presuntos cobros de comisiones ilegales a empresas constructuras, podría ser una filtración interesada de personas relacionadas con el PSOE.

El escrito recoge numerosas acusaciones de corrpción en distintos ámbitos de la vida pública andaluza y no sólo se refiere a los contratos de obras públicas, que han dado lugar al "caso Ollero". Sin embargo, el resto de las acusaciones no han originado, por el momento, la apertura de otros procedimientos judiciales, por lo que no existe hasta ahora ninguna sospecha de que puedan ser verdad.

ERRATAS

El anónimo comete un singular error al citar a Pedro Llach, empresario encausado en el "caso Ollero", como "Pedro Yach". Esta errata, que se repite vrias veces, no tendría mayor relevancia si no fuera porque el escrito desvela los negocios y patrimonio de Llach, lo que exigió una ardua investigación previa.

Sobre el empresario dice que hace cinco años carecía de ningún capital "y hoy se permite una vida de millonario" y se pregunta que "de dónde sacó dinero para comprar una vivienda en la Avenida de la Palmera valorada en 120 millones, a la que después ha hecho reformas por valor de 200 millones, pagando a los proveedores sin factura".

Tambié le imputa "otro movimiento extraño" como "la importación de caballos de pura raza". El comunicado anónimo también relata otros negocios fraudulentos, en los que vierte acusaciones contra cargos públicos andaluces sin aportar pruebas. En concreto, cita el caso de la compra de material informático, para lo que asegura que se determinan necesidades mayores de las que se tienen.

De este apartado acusa a un consejero de la Junta de Andalucía y a un director general, a quien define como el encargado de cobar las comisiones a dos multinacionales del sector.

El anónimo también aborda el tema del juego y asegura que "la obtención de ingentes cantidades de dinero negro de las recaudaciones de máquinas (tragaperras), bingos y casinos, se hacen por la vía de las autorizaciones y concesiones", e imputa esta práctica a personas que tienen responsabilidades administrativas.

"En este apartado... podemos estar ante un caso similar a Filesa", dice el anónimo, que asegura que está controlado por un policía encrgado de determinar las necesidades de seguridad de la Junta de Andalucía, quien después filtra a determinadas empresas "para que se hagan con los contratos", previo pago de las comisiones.