La iniciativa parlamentaria más destacada en contra de la norma legislativa corresponde al Grupo Socialista, que en una enmienda a latotalidad del texto, critica la introducción en la ley, por parte del PP, de los contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas. Eso, a juicio de los socialistas, "junto a la creación de las sociedades de aguas, supone la creación de hecho de un mercado del agua y un paso hacia la privatización del recurso, que acabará vendiéndose al mejor postor".

Según informó el PSOE en un comunicado, la reforma de la actual legislación en materia de aguas propuesta por el Ejecutivo "disminuye el papl de las administraciones públicas en la gestión y en el control de derechos de uso del agua".

Según lo previsto en la propuesta gubernamental, serán los consejos de administración (de sociedades de aguas), y no las instituciones públicas, los que en el futuro decidan qué hacer con el agua, por lo que, en opinión del PSOE, "primará el interés mercantilista sobre el interés general".