El senador socialista Angel Franco denunció que las cuatro grandes beneficiarias de este dinero, procedente del recibo de luz que pagan todos los españoles, serán las empresas que se reparten el 90% del mercado español, con Endesa e Iberdrola a la cabeza.

Franco acusó también al Gobierno de falta de diálogo con la oposición para buscar el máximo consenso sobre una ley que regulará un sector clave y etratégico de la economía, y advirtió que "leyes que se aprueban con mayoría simple, en el futuro, pueden ser cambiadas con idéntico procedimiento".

Otro elemento de la ley que los socialistas consideran denunciable es la decisión del Gobierno de trasladar a la iniciativa privada a los entes que se encargarán de operar y gestionar el sistema eléctrico español, dejándolos en manos de las propias compañías o de los grupos financieros que están en sus consejos de administración.