En declaraciones a Servimedia, Rodríguez Zapatero recordó al Ejecutivo de Aznar que hay unos acuerdos firmados por los sindicatos con el anterior Gobierno en materia de retribuciones que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos en 1997, y "hay qu cumplirlos".

A juicio del responsable del PSOE, "el Gobierno debe de aclarar ya cuál va a ser su propuesta y dejar de lanzar globos sonda para ver qué reacciones se producen". Rodríguez Zapatero exigió que se convoque con urgencia el Consejo de la Función Pública para que el Ejecutivo concrete sus intenciones.

Para Rodríguez Zapatero, "sería lamentable que el Gobierno intentara compensar lo que va a ingresar de menos el Estado como consecuencia de las medidas fiscales, que benefician sobre todolas rentas más altas, con una congelación a los trabajadores de la función pública".

En su opinión, "todavía no son suficientes las medidas que el Gobierno ha tomado para decir cuál es la línea política en materia económica y quien tiene que soportar básicamente los gastos del Estado y, por tanto, de si hay o no una filosofía redistributiva, pero lo que hasta ahora se ha producido es muy claro: las primeras medidas fiscales favorecen a las rentas más altas".

"Frente a eso, estamos escuchando menajes de que hay que congelar el sueldo de los funcionarios, un IPC especial para las pensiones y que el salario hay que vincularlo a la productividad", dijo, al tiempo que afirmó que "todo parece apuntar" a que la tendencia es favorecer a las rentas más altas, en perjuicio de las más bajas, aunque matizó que se verá claro cuando el Gobierno presente los Presupuestos de 1997.

El portavoz del PSOE para asuntos sobre las Administraciones Públicas estima que la congelación salarial de los empleados públics en 1997 supondría un ahorro cercano a los 100.000 millones de pesetas, "lo que representa una tercera parte de lo que, según nuestras estimaciones, han supuesto las medidas fiscales y de actualización de balances".

EMPLEO PUBLICO

Sobre la congelación de la oferta de empleo público (OEP), indicó que en los últimos años ha estado limitada a la reposición de efectivos como consecuencia de jubilaciones. "Yo creo que eso habría que mantenerlo, sobre todo para aquellos servicios públicos que imperiosamete requieren personal", dijo.

Indicó que, de acuerdo con sus cálculos, en 1997 cursarán baja por jubilaciones unos 12.000-14.000 empleados públicos e insistió en que estas bajas deben cubrirse, fundamentalmente en servicios concretos como Fuerzas de Seguridad, Policía, Guardia Civil, Correos, Prisiones y Sanidad.

Rodríguez Zapatero manifestó que por cada mil bajas por jubilación que no se repongan, habría un ahorro equivalente al 0,11% de la masa salarial total de los empleados públicos, que en 196 alcanza los 2,8 billones de pesetas.