En ellas, los socialistas preguntaban a Alvarez Cascos si participó, en diciembre de 1994, en una reunión en el despacho del director de "El Mundo" supuestamente vinculada a la operación para derribar a Felipe González, y pedían al ministro de Administraciones Públicas, Maiano Rajoy, su opinión sobre el "caso Tomey".

Frente a las acusaciones de haber ejercido la "censura" para evitar que el Gobierno tuviera que dar explicaciones ante la Cámara, la Presidencia del Congreso aseguró que el Gobierno no tiene jurisdicción sobre las Diputaciones, y que en la sesión de control no se puede preguntar a un miembro del Gobierno por su actividad cuando no pertenecía al Ejecutivo.

A juicio de Caldera, este argumento "da validez" a las acusaciones contra Alvarez Cascos, al "recnocer" que esas actividades se produjeron, aunque entonces no fuera vicepresidente.

Tras calificar a Trillo de "encubridor a las órdenes de Cascos" y acusarle de hacer un "enorme daño" a la actividad parlamentaria, le reprochó haber asegurado que la trama denunciada por Ansón no tenía importancia porque ninún partido había planteado iniciativa, cuando "censura" las que se presentan.

Además, Caldera esgrimió "numerosos antecedentes" en los que diputados del PP preguntaron al Gobierno socialista sore actuaciones anteriores a 1982, y pidieron su opinión sobre hechos que afectaban a otras instituciones, como la dimisión del ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo.

Por este motivo, anunció que el Grupo Socialista recurrirá mañana la decisión de Federico Trillo ante la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso, y advirtió al Gobierno que "no se va a librar" de responder ante la Cámara.