Así lo anunció hoy en rueda de prensa el diputado socialista Fernando Arnau, que insistió en que su grupo pretende alcanzar un consenso sobre esta ley con CiU y PNV.

Estos dos grupos nacionalistas presentaron sendas enmiendas en las que pedían que existiesen distintas fundaciones, una por cada comunidad autónoma con competencias en salud laboral, y que fuesen financiadas con los excedentes de las mutuas de cada autonomía.

La enmienda presentada por el PSOE podrí ser una medida intermedia entre las peticiones de los sindicatos y los grupos nacionalistas, ya que estaría financiada por los excedentes de las mutuas nacionales, como piden los agentes sociales, pero gestionadas por los gobiernos autonómicos. Queda aún por conocer la opinión de CiU y PNV, que todavía no han dado el visto bueno a la enmienda de los socialistas.

El proyecto de Ley de Riesgos Laborales pretende corregir las ordenanzas que en esta materia se constituyeron en 1971 y adecuarla a las exigncias comunitarias.

Dicho documento eleva las sanciones máximas de 15 a 100 millones de pesetas, incrementa la protección y derecho de las mujeres embarazadas y en proceso de lactancia y obliga a los empresarios a aumentar la seguridad de sus trabajadores.

Las importantes modificaciones de esta ley, que sería aprobada en junio, no entrarán en vigor hasta tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la intención de que las empresas tengan tiempo para adaptarse alas nuevas normas.