Tras afirmar que el eje central de este convenio es "la creación de un servicio de asesoramiento a empresas para promocionar la conciliación laboral y personal", demandó de la Administración regional "políticas activas que faciliten la conciliación laboral y personal de los madrileños".

"Hasta ahora, fundamentalmente las mujeres son las que están llevando la carga familiar por la escasez de recursos públicos y, mientras esto no cambie, difícilmente se podrá lograr una conciliación plena", explicó la diputada, que recordó a las más de 60.000 familias que en la Comunidad de Madrid esperan una plaza en una escuela infantil, una residencia de ancianos o un centro de día.

Explicó que el Gobierno regional "centra su política de conciliación en reconocer y premiar a distintas empresas sus esfuerzos en este ámbito, un aspecto que es necesario, pero que no es suficiente. La conciliación de las madrileñas y de los madrileños necesita inversión y políticas activas".