Los representantes socialistas en los municipios madrileños con más de 5.000 habitantes se reunieron en Coslada con los secretarios del PSM de Política Territorial, Jesús Dionisio, y de Política Municipal, Manuel Robles, para tratar este problema.

Dionisio dijo que "se trata de una situación alarmante y caótica que se ha acrecentado con las últimas decisiones tomadas por el Gobierno regional, en tanto que la Ley de Medidas Urgentes de Modernización y la Ley de Acompañamiento sólo han servido para introducir arbitrariedad, inseguridad jurídica y falta de transparencia en los procesos de desarrollo del suelo".

Informó de que a los 70 desarrollos urbanísticos paralizados, se suman más de 60 casos de "denuncias, irregularidades y abusos urbanísticos contrastados en los tribunales de justicia; años de retraso en la tramitación de informes; el incumplimiento de las obligaciones que establece la nueva legislación estatal y una gran incertidumbre entre los funcionarios. Ya no saben a qué normativa atenerse".

Afirmó que las consecuencias son "graves", ya que "se está limitando la capacidad pública y privada de construir viviendas protegidas, y de contar con un parque suficiente de viviendas en alquiler y se está retrasando, cuando no impidiendo, una respuesta contundente al problema de acceso a la vivienda en Madrid".

A su juicio, la "deficiente" gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre en materia urbanística "también está impidiendo la rehabilitación de áreas degradadas -una situación que es especialmente grave en la ciudad de Madrid- y está abortando la generación de nuevos suelos destinados a la actividad productiva".

Señaló que esta última consecuencia está provocando la "fuga" de empresas hacia Castilla-La Mancha y Castilla León y destacó que, "de continuar esta situación, la región madrileña perderá capacidad productiva, capacidad de generar riqueza y competitividad en relación a otras regiones".

"De no dar una respuesta inmediata, muchos madrileños tendrán que emigrar a las provincias limítrofes en busca de una vivienda a un precio razonable y muchos barrios de nuestras ciudades serán, en poco tiempo, inhabitables", añadió.

Para poner freno a esta situación, los socialistas madrileños consideran "imprescindible contar con un marco legislativo adaptado a la nueva Ley del Suelo del Gobierno de España y que goce del suficiente consenso político y social para garantizar su estabilidad y permanencia".

"Dado que no se dispone de un Plan Estratégico Regional, se debería definir al menos, urgentemente y con claridad, los parámetros, la metodología, el procedimiento administrativo y el organismo responsable de llevar a buen término los informes paralizados por la administración autonómica, para evitar la inseguridad y la arbitrariedad con las que se está actuando", dijo Dionisio

Finalmente, reclamó "control y transparencia y devolver a la Comisión Regional de Urbanismo la capacidad de evaluación y participación que ha perdido en los últimos años".