El diputado del PSE Miguel Buen explicó que esta iniciativa, que será debatida en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara autonómica, tiene como objetivo que el Ejecutivo vasco "se movilice" para hacer posible la que "tal vez sea la última esperanza de Pablo".

"La familia únicamente tiene 90 días de plazo legal para presentar el recurso ante el mismo juez que dictó en 2000 la sentencia de culpabilidad", añade, "así que se hace urgente que el Gobierno vasco se movilice y ayude económicamente para hacer frente a la nueva apelación".

El joven de origen vasco fue condenado a la pena capital en Estados Unidos tras ser declarado culpable de tres asesinatos. El Tribunal Supremo del Estado de Florida confirmó ese año la sentencia, pero la familia denuncia que no tuvo una defensa adecuada, por lo que reclama la reapertura del caso.

Los familiares de Ibar han contratado los servicios de un letrado especializado, cuya minuta es de unos 300.000 euros, para demostrar que el abogado defensor que intervino ante el tribunal que le condenó actuó "de una forma ineficaz y no estuvo a la altura".

"Se trata de una suma muy importante que la familia Ibar, asfixiada económicamente, se ve imposibilitada de afrontar", resalta Buen, por lo que reclama una ayuda con cargo al presupuesto del programa de Acción Exterior del Gobierno vasco.

En este programa, indica el PSE, se incluyen las subvenciones para giras culturales, centros vascos en el exterior (Euskal Etxeas), becas de especialización de los colectivos vascos fuera de su territorio y prestaciones para situaciones de extrema necesidad.