Los dictámenes emitidos por ambas formaciones, que deberán ser llevados al pleno municipal al no aprobarse ninguno de los dos al concluir la comisión, difieren esencialmente en el coste político que de la contabilidad examinada debe desprenderse. La dirección del Gran Casino de El Sardinero se reparte entre el Ayunamiento de Santander y el Gobierno regional en periodos igual al ser estas dos entidades las únicas accionistas de la sociedad.

Entre las acciones que pretende iniciar el PSOE municipal destaca la de enviar el dictamen a la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos del Congreso de los Diputados por entender que en la documentación analizada se "evidencia" un beneficio económico del Partido Popular a través de esta sociedad.

Según explicó la portavoz socialista en la coisión Casino, Rosa Inés García, estos indicios de financiación irregular tienen su máximo exponente en una factura que figura bajo el epígrafe "Señor Alcalde-Señor Aznar" por un importe de 319.858 pesetas celebrada el 25 de mayo de 1991, en plena campaña electoral.

Asimismo, el PSOE enviará la documentación obtenida a través de la comisión de investigación a los tribunales "por si de ellas pudiera desprenderse responsabilidad penal y exigencia de resarcimiento económico a la sociedad pública", al tiemo que solicita la dimisión del equipo de gestión del Casino.

OBSTRUCCION DEL PP

El dictamen socialista, que recoge la existencia de facturas duplicadas, comidas no abonadas por parte de concejales y consejeros populares, el abono de cuentas contraídas por estos en otras empresas con cargo a la caja del Casino, inversiones "dudosas" y líneas de crédito a personas de escasa o nula solvencia, critica en sus conclusiones la "obstrucción" ejercida por los miembros del PP en el momento de remitir la documntación requerida.

Por su parte, el portavoz popular en la comisión del Casino, Francisco Remón, explicó que su dictamen refleja que no existió responsabilidad política de "agujero" económico detectado en esta entidad (que a juicio del PP es de algo más de 300 millones frente a los más de 1.000 en los que le cifra el PSOE) y éste se debió a una mala gestión por parte del equipo directivo.

Para Remón, los problemas de financiación, que supusieron incluso el anuncio de la subasta del edificio del Csino propiciado por el Banco Central Hispano por el impago de un crédito de 100 millones de pesetas, debe también su origen a la lentitud con la que se gestionó por parte del Ayuntamiento y la Diputación regional un crédito de 600 millones para esta entidad.

La falta de acuerdo entre los dos grupos mayoritarios en el Ayuntamiento de Santander ha dado origen a que ambos dictámenes tengan que ser llevados a pleno para su aprobación.